ESPAÑA | La ineficacia de la Administración frena el progreso social de Cataluña

El 18 de marzo de 2025, la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, acompañada por su adjunto general, Jordi Palou-Loverdos, entregó al presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, el Informe anual de la institución correspondiente al año 2024.

Este informe concluye que la eficacia de la Administración catalana debe mejorar, y es que la ineficacia genera desconfianza en las instituciones, afecta a la calidad de vida de las personas, amenaza la sostenibilidad del estado del bienestar, frena el ascensor social y obstaculiza el desarrollo económico. Para mejorar en eficacia, es imprescindible redimensionar los servicios para adaptarlos a la Cataluña de los ocho millones de habitantes, tal y como se reclamaba en el Informe anual de 2023, pero también hay que simplificar los trámites administrativos y el tiempo de reacción y respuesta ante las demandas de los ciudadanos.

En palabras de la síndica, “una Administración eficaz es aquella que es capaz de ejercer sus funciones respetando los derechos de las personas y la normativa aplicable, pero también la que resuelve los problemas de los ciudadanos, a los que presta un servicio de calidad, con diligencia, profesionalidad y a un coste razonable. Es necesario que la Administración sea más eficaz, empática y amable; que se centre en las personas y no en los trámites”. En este sentido, el informe anual de este año concreta algunas manifestaciones de esta ineficacia que es urgente revertir.

En primer lugar, estamos ante una Administración lenta, que tarda demasiado en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Las listas de espera para acceder a algunos servicios y prestaciones se han incrementado en 2024. Por ejemplo, en salud, en octubre de 2024, hay un 9 % más de pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, y un 18 % más para acceder a pruebas diagnósticas o a consultas externas. Si nos fijamos en las residencias para personas mayores y personas con discapacidad, las listas de espera para acceder a estos recursos también han aumentado (un 7 % y un 6,4 %, respectivamente): para acceder a las residencias de personas mayores hay que esperar 1,2 años y a los servicios residenciales para personas con discapacidad, seis años. En vivienda, el tiempo medio de adjudicación de una vivienda social es de casi un año y medio. Y en ayudas para la dependencia, pese a haber mejorado, el tiempo de espera es todavía de nueve meses. Por último, la dilación judicial, explicada por la saturación del servicio, también tiene claras afectaciones sobre las personas y su derecho a la tutela judicial efectiva, y provoca victimización secundaria.

En segundo lugar, la síndica denuncia que la Administración actual es complicada y excesivamente burocrática. Los trámites burocráticos que se exigen para conseguir un servicio están pensados ​​para tener el máximo control e inhibir el incumplimiento. Sin embargo, esto a veces implica que los ciudadanos tengan que entregar la misma documentación en distintas administraciones porque la interoperabilidad reconocida en la normativa todavía no está plenamente garantizada en la práctica. Además, los formularios de uso obligatorio para tramitar determinadas solicitudes están pensados ​​para facilitar la gestión interna de los procesos, pero pueden dificultar el ejercicio de los derechos de las personas.

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El informe anual, que está disponible en catalán, puede consultarse aquí.

Fuente: El Síndic de Greuges de Cataluña, España