BackEl Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recomendó desarrollar mayores acciones para la implementación del derecho a la consulta previa porque ello –subrayó- permitirá al Estado peruano garantizar los derechos de los pueblos indígenas y actuar en consonancia con sus obligaciones internacionales.
Así lo manifestó al cabo de la reunión sostenida con el Relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, quien visitó recientemente el país con la finalidad de analizar la implementación del derecho a la consulta previa y los efectos de las actividades de las industrias extractivas sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.
Dijo que, contar con un ambiente de confianza mutua entre el Estado y los pueblos indígenas es una condición necesaria para el desarrollo de la consulta previa. Por ello, entre otras medidas, se requiere que el Estado fortalezca su capacidad para implementar la consulta previa en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios, remarcó Vega en respaldo a lo indicado por Anaya.
Con respecto al proyecto de ampliación de actividades en el Lote 88, Anaya dijo que el Estado y la empresa deben actuar con la máxima cautela y asegurar la no vulneración de los derechos humanos antes de autorizar la ampliación de las operaciones. Por ello, Vega coincidió con el Relator en que es necesario “un estudio exhaustivo, con la participación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos indígenas no contactados en el área del Lote 88”.
Anaya, también señaló que debe realizarse un proceso de consulta con los pueblos indígenas que habitan en el ámbito del Lote 88, previamente a la adopción de la decisión sobre la propuesta de ampliación de actividades. Esta consulta debe considerar a los pueblos indígenas en contacto inicial susceptibles de ser afectados, prestando especial atención a sus condiciones de vulnerabilidad. Vega coincidió con el funcionario de Naciones Unidas en la importancia de fortalecer los medios necesarios para que las autoridades estatales escuchen y atiendan las preocupaciones de los pueblos indígenas.
Como se recuerda han transcurrido más de 18 años desde la incorporación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante los avances logrados, la Defensoría del Pueblo considera que el cumplimiento de este derecho vigente constituye una materia pendiente por lo que continuará supervisando a las entidades del Estado a fin de que cumplan con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de nuestro país.
Para ver la nota completa, por favor visite la página web de la Defensoría del Pueblo.
Fuente: Defensoría del Pueblo, Perú
google translate
