BackLa Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó a las Cortes el Informe Anual 2013 del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) y y el estudio “Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad”.
El año pasado, el MNP visitó 60 centros de privación de libertad repartidos a lo largo de nueve comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Galicia.
De las 135 resoluciones formuladas (24 recomendaciones, 105 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales), la Administración ha aceptado 110. Una de las novedades de 2013 fue la supervisión de un operativo de repatriación de extranjeros a Ecuador y Colombia.
El equipo del MNP, compuesto por un técnico y un médico forense, viajó en el mismo avión junto con los repatriados y personal policial hasta el destino fi nal. El MNP inspeccionó 20 dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, 9 lugares custodiados por la Guardia Civil, 8 centros penitenciarios, 6 centros para menores infractores, 5 centros de internamiento de extranjeros, 2 centros sociosanitarios, 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios y 2 salas de inadmitidos y de solicitantes de asilo en puestos fronterizos. También se visitaron un establecimiento disciplinario militar, un calabozo situado en un edifi cio judicial, un operativo de traslado de presos, una comisaría de Policía local y una unidad de custodia hospitalaria.
Los partes de lesiones de detenidos
Este estudio recoge recomendaciones al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas para que regulen y unifi quen los criterios con los que se elaboran los partes de lesiones realizados a personas privadas de libertad. Plantea que es necesario crear un protocolo estatal de actuación sobre el tipo de información que debe enviarse a la autoridad judicial a través de los partes médicos de lesiones, un instrumento muy importante para la prevención de la tortura.
Entre las conclusiones del estudio destaca el hecho de que el desarrollo legal autonómico sea muy dispar: sólo Andalucía tiene una normativa completa, Canarias dispone de una instrucción, la Comunidad de Madrid tiene un documento sin rango normativo y la mayoría de las comunidades autónomas carecen de regulación.
El estudio propone mejorar la cumplimentación de los partes de lesiones para facilitar la labor de los jueces y pide que los partes de lesiones contengan información sufi ciente para evaluar la gravedad de los hechos y que dicha información pueda tener valor como prueba.
Para el Defensor del Pueblo los partes deben cumplir con el Protocolo de Estambul, marco de referencia adoptado por Naciones Unidas en 1982, para la adecuada investigación y documentación de malos tratos y tortura.
Fuente: Defensor del Pueblo, España
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