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El síndic, Rafael Ribó, que ha entregado el Informe anual correspondiente al año 2010 a la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, constata que las quejas recogidas en el Informe sobre educación, Ley de dependencia y vivienda evidencian esta vulneración de derechos.
El Informe al Parlamento 2010, que hoy ha entregado el síndic, Rafael Ribó, a la cámara, recoge que se han iniciado un total de 21.504 actuaciones, que se distribuyen entre 6.095 quejas (28%), 121 actuaciones de oficio (0,5%) y 15.288 consultas (71%). El número de expedientes iniciados en este ejercicio ha sido superior al de ejercicios anteriores: las quejas se han incrementado un 2,6% y las actuaciones de oficio, un 15%.
Durante el año 2010 han sido 31.344 personas las que se han dirigido al Síndic por plantearle sus cuestiones, casi 3.000 más que durante el año 2009.
De las 6.095 quejas recibidas, la mayoría han versado sobre materias de administración pública (19%), sobre ordenación del territorio (14,4%) y sobre servicios sociales (14,3%). En cuanto a las 15.288 consultas atendidas, la materia más consultada ha sido la de consumo (20,8%), seguida de la de administración pública (13,4%) y de la de ordenación del territorio (9,7%).
Vulneración de la igualdad de oportunidades en la educación
La supresión de ofertas educativas en centros o en barrios socialmente desfavorecidos, como por ejemplo la de los bachilleratos diurnos y nocturnos, puede afectar negativamente el derecho a la educación en igualdad de oportunidades.
Retrasos en la tramitación y los pagos derivados de la Ley de la dependencia
Son múltiples las actuaciones relacionadas con problemáticas asociadas a la aplicación de la Ley de autonomía personal (plazos de reconocimiento demasiado largos, disconformidad con la calificación de dependencia, retrasos a la hora de elaborar el programa individualizado de atención –PIA–).
El derecho a una vivienda digna y la lentitud de la tramitación de las subvenciones y las ayudas
El Síndic ha detectado descoordinación entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central en la tramitación de la renta básica de emancipación. También ha recordado que se debe agilizar la tramitación de las ayudas públicas para hacer frente a las situaciones urgentes, tanto de las personas que les solicitan acceder a una vivienda como de las que puedan solicitar la ayuda para evitar la pérdida de la misma.
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