Canadá | El Ombudsman de Ontario considera de “dudosa legalidad” la regulación del G20

El Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales permitió con toda discreción el uso de una regulación ilegal que otorgaba a la policía poderes “exagerados” en la víspera de la cumbre del G20, afirma el Ombudsman de Ontario, André Marin, en su último informe hecho público en el día de hoy.

La controvertida medida - Regulación 233/10 en el marco del Acta Pública de Protección de Obras, (Public Works Protection Act (PWPA) que existe desde hace 71 años – “era de dudosa legalidad y de nula utilidad” y dio lugar a una violación masiva de los derechos humanos, señala Marin en Caught in the Act (Pillado en el Acto). Los Servicios Policiales de Toronto, que habían solicitado la regulación porque eran responsables de las áreas del entorno de la valla de seguridad en el centro de Toronto, agravaron las cosas con su mala comunicación sobre el alcance de los extraordinarios poderes de la regulación, dijo.

En opinión del Ombudsman, el Ministerio, que había decidido no hacer pública la nueva medida legal, fue “cogido por sorpresa” cuando la Policía de Toronto interpretó erróneamente el alcance de la regulación y utilizó la autoridad del (PWPA) para arrestar o detener a personas que simplemente se encontraban en las cercanías de la valla de seguridad. Durante todo el fin de semana de la celebración de la cumbre del G20, la policía ejerció los poderes que el Acta le reconoce hasta mucho más allá de los límites del perímetro de seguridad, incluso después de haber sido rectificada la falsa interpretación.

Fue “oportunista e inapropiado” hacer uso del Acta PWPA – una “medida para tiempo de guerra” que permite ejercer “un poder policial insólito”, para la detención y búsqueda de personas, con el fin de proteger las Obras Públicas - con este propósito, dijo el Sr. Marin. “Aquí, en 2010, es la provincia de Ontario la que está confiriendo a los agentes de la policía poderes para tiempo de guerra en tiempo de paz. Se trata de una decisión que no debería haber sido tomada a la ligera o mantenida en secreto, especialmente en la era de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.”

Al iniciarse el fin de semana de la celebración de la cumbre del G20, nadie tenía conocimiento de esta regulación – ni el público, ni la prensa, ni los administradores de la ciudad, ni siquiera  la Unidad de Seguridad Integrada (ISU), encargada de la gestión y coordinación de la seguridad de la cumbre, descubrió la investigación del Ombudsman.

Peor aún, la decisión del Ministerio de no hacer pública la regulación hizo caer en una trampa a los ciudadanos que se tomaron la molestia de informarse de sus derechos y terminaron “atrapados en la red casi invisible del Acta”, dijo el Sr. Marin. Al cambiar el panorama legal sin previo aviso, la regulación 233/10 actuó como una trampa para los que confiaban en sus derecho legales ordinarios.”

El Ministerio no se aseguró tampoco del todo de que la policía estuviera suficientemente entrenada para actuar conforme a esta regulación, lo cual contribuyó en parte “al caos y a la confusión” en las calles de la ciudad durante la cumbre, dijo. “El Ministerio simplemente otorgó a la Policía de Toronto facultades desmesuradas, sin hacer el menor esfuerzo por asegurarse de que estos poderes no serían interpretados falsamente.”

Los ciudadanos normales quedaron muy sorprendidos al advertir que la policía estaba autorizada a detener y registrar incluso a la gente que no intentaba romper el cerco o que se negaba a mostrar su documento nacional de identidad e intentaba alejarse, señaló. “Aparte de las personas que gozaban de información privilegiada en el gobierno de Ontario, sólo los miembros de los servicios Policiales de Ontario sabían que las reglas de juego habían cambiado, y que sólo ellos tenían las cartas de “vaya directo a la cárcel.”

La investigación del Ombudsman la llevó a cabo el Equipo Especial de Respuesta del Ombudsman (SORT) que entrevistó a 49 altos funcionarios gubernamentales y a numerosos interesados, entre ellos algunos de los 167 denunciantes que se ofrecieron a ello. El equipo examinó además cientos de páginas de documentación interna y correos electrónicos del Gobierno y, por primera vez, muchísimas pruebas obtenidas usando medios sociales como YouTube, Twitter y Facebook.

El Sr. Marin recomendó que el Acta de Protección de obras Públicas sea revisada o sustituida, y que el Ministerio examine si algunos de los poderes generales que el Acta confiere a la policía deberían figurar en una nueva versión, y en particular si es conveniente reconocer a la policía la potestad de detener a aquellas personas a las que se les había denegado la entrada a las zonas protegidas. Dijo también que el Ministerio debería desarrollar un protocolo que exija campañas de información al público siempre que se modifiquen los poderes policiales con una legislación secundaria.

El Ministerio ha aceptado todas las recomendaciones y se mostró dispuesto a informar al Ombudsman sobre los progresos que se hagan en su aplicación. La respuesta del ministro que se incluye en el informe señala que la promulgación de la regulación podía haber sido mejor gestionada y que en adelante se tendrá mayor cuidado en garantizar que el público esté informado.

Source: Ontario Ombudsman