BackLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saluda y reconoce la determinación tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de invalidar la Ley de Seguridad Interior con una votación casi unánime, con lo cual haciendo eco de los argumentos contendios en las diferentes acciones de inconstitucionalidad que se promovieron. Una de ellas fue interpuesta por la propia CNDH, recogiendo las opiniones y observaciones de diversos organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia.
La invalidez decretada por la SCJN ratifica la necesidad de que la materia de seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo.
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que si bien es positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contemple diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos, es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares.
Señaló que el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como sería la Guardia Nacional que se propone. Sería necesaria una política integral que haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles.
Cuestionado adicionalmente sobre las acciones de la CNDH en favor de la “Caminata Migrante”, González Pérez puntualizó que se da acompañamiento en todo el trayecto en el que se han observado ambigüedades y tratos diferenciales, dependiendo de los lugares por donde atraviesa. Señaló que primero se privilegió una política de contención antes que el trato humanitario; y destacó que también debe haber una política de congruencia en favor de quienes huyen de la violencia en sus países de origen. La regularización que pedimos para nuestros connacionales en Estados Unidos debe darse a las personas que cruzan nuestro país, aseguró.
El Ombudsperson nacional señaló que no ha habido suficiente atención especialmente para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad para facilitarles mejores condiciones de tránsito, lo que no quiere decir que se incumpla la ley, sino que se haga compatible con el trato humanitario. Dio a conocer, asimismo, que personal de la CNDH ya está en Tijuana, Baja California, donde busca se brinde a las personas en condición de movilidad atención humanitaria y se hacen llamados a las autoridades norteamericanas para que dejen de lado los discursos de odio, xenófobos y racistas.
Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México
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