ESPAÑA | Casi todos los municipios de Cataluña pueden tener amianto y las dificultades para retirarlo son considerables

Es necesario priorizar su retirada en espacios con presencia de colectivos vulnerables. El marco normativo vigente es incompleto y no dota de recursos a los ayuntamientos. Gran parte del amianto ha agotado su vida útil y urge su retirada.

La presencia de amianto en nuestro entorno es un grave problema laboral, ambiental y de salud pública. Muy utilizado en la industria de la construcción entre los años 1960 y 1980, el amianto es un material que se deteriora con los años y, con el paso del tiempo, se incrementa el riesgo de que desprenda fibras peligrosas, muy perjudiciales para la salud.

Aunque se prohibió su uso en 2002, Cataluña tiene todavía una gran presencia de amianto en su territorio: cubiertas de edificaciones, depósitos de agua, tuberías... De hecho, en abril de 2024 la Generalitat hizo público el primer censo de cubiertas de fibrocemento, según el cual casi todos los municipios de Cataluña (945 de 947) tienen cubiertas de este tipo, con probable contenido de amianto.

La Unión Europea adoptó el compromiso de retirar al amianto de los edificios públicos antes de 2028 y, del resto, antes de finales del año 2032. Sin embargo, una de las conclusiones del informe que hoy presentamos es que actualmente no existe un marco jurídico claro que facilite ese objetivo. En el ámbito estatal solo existe la disposición adicional 14 de de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que traslada a los ayuntamientos la obligación de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, y un calendario de retirada. En Cataluña se está haciendo un esfuerzo importante para conseguir el objetivo marcado y se ha elaborado un proyecto de ley pendiente de aprobación.

El informe emplaza a seguir trabajando para tener un marco normativo legislativo claro y exhaustivo, más allá de la disposición adicional mencionada. También se insta al gobierno que debe constituirse que la retirada del amianto sea una prioridad y que se avance en su regulación normativa en el Parlamento.

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Fuente: Síndic de Greuges de Catalunya, España