La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes, asegurando el acceso de este sector de la población a atención médica gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Ello fue posible luego de dos casos ocurridos en Ica y Tarapoto, en los que el punto en común fue que las personas requerían atención médica especializada y no contaban con los recursos ni la documentación necesaria para acceder a estos servicios.
En el primer caso, ocurrido en Tarapoto, el módulo de la Defensoría del Pueblo en esta ciudad intervino para asegurar la atención médica de un adolescente venezolano de 14 años que presentaba una grave hemorragia intracraneal. Debido a su situación migratoria irregular, el adolescente no pudo acceder inicialmente al SIS lo que complicaba la cobertura de los costos médicos. Tras las gestiones defensoriales, que incluyeron la emisión de su carnet de extranjería, el adolescente fue atendido en el Hospital II-2 de Tarapoto para ser sometido a una intervención quirúrgica y trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, garantizando su tratamiento especializado.
De manera similar, en Ica, la sede defensorial en esta región intervino en el caso de una mujer de 37 años, quien necesitaba una cirugía de emergencia por un aneurisma cerebral. Tras la solicitud de intervención, se gestionó su afiliación al SIS y se coordinó su operación en el Hospital Regional de Ica. La cirugía fue exitosa y actualmente la ciudadana se encuentra en proceso de rehabilitación.
Tras estos dos casos, la Defensoría del Pueblo recordó que la población migrante en situación irregular tiene derecho a recibir atención médica de emergencia en cualquier establecimiento de salud del país. Sin embargo, para acceder a una cobertura integral del SIS es fundamental que regularicen su situación migratoria, un proceso en el que la institución puede brindar apoyo y orientación.
De esta forma, la institución reafirmó su compromiso de garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer plenamente su derecho a la salud.
Fuente: La Defensoría del Pueblo de la República del Perú