PERÚ | Defensoría del Pueblo en Loreto cumple 23 años promoviendo y defendiendo los derechos de la población

Un miércoles 26 de mayo de 1999, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto inició su atención al público y, desde esa fecha, han sido 23 años de destacada y ardua labor. La promoción, protección y defensa de derechos fundamentales ha implicado cautelar estas garantías ciudadanas, a través de la persuasión de las/los funcionarias/os públicas/os, para que se estableciera la idea de que dichos derechos no solo se otorgan, sino se reconocen y garantizan para su adecuada vigencia.

En esta etapa de vida institucional, se ha realizado intervenciones en materia de salud, educación, servicios públicos, prevención de conflictos, inclusión social, personas con discapacidad, trabajo infantil, discriminación, prevención de la corrupción, medio ambiente, entre otros. A la largo de su historia, fue dirigida por los abogados Javier Aroca, Miguel Donaire y Lilia Reyes, quien condujo la oficina defensorial hasta octubre del 2010. Posteriormente, asumieron la conducción Diego Reátegui, Nicolás de la Cruz, Roy Vera, Hugo Pari y Lisbeth Castro, hasta el 11 de marzo de 2021. A partir del 12 de marzo del 2021, se designó al abogado Abel Chiroque Becerra como jefe de esta oficina, quien con un enfoque de respeto a los derechos humanos y siempre correspondiendo al mandato constitucional, conduce la Oficina Defensorial que lidera la defensa de los derechos fundamentales en esta región estratégica y fronteriza de Loreto.

Durante estos años, se ha logrado atender con éxito cientos de casos en favor de las víctimas de violencia de género, evidenciando la grave situación en la que se encuentran las entidades encargadas de cautelar sus derechos. Otro de los casos emblemáticos logrados a favor de los estudiantes fue la devolución de más de S/ 70 000 soles cobrados en las matrículas en 12 instituciones educativas de manera irregular.

También, se puede destacar la intervención a los hogares protegidos, donde se advirtió el uso irregular de los bonos que reciben las personas con discapacidad. Tras la intervención defensorial, se logró que ahora el dinero de los usuarios sea manejado de manera transparente por la coordinadora regional con la supervisión de la estrategia de salud mental de la Gerencia Regional de salud de Loreto.

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo del Estado que tiene la misión de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos. Por ello, la oficina de Loreto renueva su compromiso de seguir trabajando de manera activa para cautelar los derechos de las personas más vulnerables de esta región.

Fuente: Defensoría del Pueblo, Perú