Back- Se debe garantizar la vacunación de población penitenciaria a nivel nacional.
- Población penitenciaria no es visibilizada en políticas públicas de salud.
La Defensoría del Pueblo solicita a las autoridades nacionales del sector salud considerar con prioridad a la población penitenciaria y sus especiales condiciones de vulnerabilidad, en todas las estrategias sanitarias para enfrentar la pandemia, en particular, en el proceso de inmunización contra el COVID-19 y la aplicación de la dosis de refuerzo.
Durante la reunión sostenida con la subdirección de salud penitenciaria del INPE, el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la institución tomó conocimiento de la poca prioridad del Estado en inmunizar con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 a la población penitenciaria, pues a la fecha, solo se ha vacunado al 25 % del total, y en algunas regiones se llega apenas al 2 %, como ocurre en los penales de la Oficina Regional Norte.
En este sentido, la institución pidió a las autoridades sanitarias competentes realizar todas las acciones necesarias para cerrar la brecha de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, tomando en cuenta que los penales se pueden convertir en focos de infección y en espacios propicios para la proliferación de las diferentes variantes del coronavirus.
Durante la pandemia los sistemas penitenciarios y la población penal se han vistos golpeados de manera desproporcionada, conforme lo ha señalado la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta situación no es ajena a la realidad peruana, motivo por el cual el Sector Salud debe considerar a dicha población en todas sus decisiones sanitarias en el contexto del COVID-19.
Cabe mencionar que en lo que va de la tercera ola, existe un registro de tres personas fallecidas por el COVID-19 en los penales, cifra que podría incrementarse por las condiciones precarias en las que se encuentran los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Se debe tomar en cuenta que la pandemia ha dejado como consecuencia entre la primera y segunda ola a más de 250 personas muertas.
Finalmente, la institución consideró de suma importancia que las normas que expida el Gobierno para combatir el COVID-19 en materia de recursos logísticos y humanos incluya al INPE, debido a que se advierte que la población penitenciaria ha sido invisibilizada desde el inicio de la pandemia, pues no se cuenta con los recursos suficientes para atenderla.
Fuente: Oficina del Defensor del Pueblo de Perú
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