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Día Mundial del Medio Ambiente
En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo invocó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a reflexionar sobre su rol público y disponer acciones concretas ante la actual crisis climática global, y la alta vulnerabilidad del Perú frente a sus efectos. Según la última estimación de riesgo por superávit de lluvias, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) señala que entre los meses de mayo y julio del año en curso se podría inferir una mayor probabilidad de inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos provocados por lluvias intensas en diversas regiones del país, que podrían afectar a más de 2 millones de personas, 580 000 viviendas, 1700 establecimientos de salud y 11 200 centro educativos.
Al respecto, la institución recordó que los proyectos de ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR, en los cuales se plantean modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, buscarían legitimar conductas infractoras y delictivas que provocan la deforestación, amparándose en la formalización de predios rurales que hayan sido deforestados para desarrollar actividades agropecuarias; a pesar de que en el Perú, el 82 % de la deforestación es provocada por la tala y quema de bosques para abrir pequeñas chacras, destinadas a estas actividades. Estos proyectos de ley no atienden la problemática ambiental y social, por el contrario, la agravan; en lugar de plantear y fortalecer medidas para la restauración, conservación y aprovechamiento sostenible del bosque.
En la misma línea, el Proyecto de Ley 4642/2022-PE, presentado por el Ejecutivo para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura plantea la ejecución de proyectos de infraestructura pública para cerrar la brecha en esta materia y dinamizar la economía del país, sin exigir la aplicación de enfoques de riesgo climático ni de gestión de riesgo de desastres. Además, se pretende exonerar determinadas autorizaciones, licencias y permisos ambientales, así como reducir los plazos de evaluación ambiental del Estado. Todo ello, sin considerar que una infraestructura construida sin prever los efectos climáticos y bajo una deficiente evaluación de estos y otros tipos de impactos, podría poner en riesgo a la población, además de representar un uso ineficiente de los recursos públicos.
Asimismo, la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, señaló que a pesar de que por mandato constitucional el Estado está obligado a conservar las áreas naturales protegidas, al interior del Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas viene impulsando una propuesta legislativa para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley n.° 26834, que plantea, entre otros aspectos, que la creación de nuevas áreas naturales protegidas y la aprobación de sus planes de manejo esté condicionada al refrendo y a la opinión previa favorable, respectivamente, de dicho ministerio, sector responsable de promover las actividades de hidrocarburos en el país; en caso de que en ellas exista evidencia de dichos recursos.
Del mismo modo, la representante de la Defensoría del Pueblo recordó que hace más de tres años el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen pendiente la obligación de incorporar la variable climática a los procesos de evaluación ambiental que deben seguirse para la construcción y mejora de los distintos proyectos de inversión, de acuerdo a lo exigido por la Ley n.° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento.
Sumado a ello, Vásquez advirtió que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha elaborado una propuesta de Reglamento de Protección Ambiental, que plantea que las actividades agrarias en curso obtengan un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sin evaluar la capacidad de uso natural de la tierra, así como el cambio de dicho uso para fines agrarios, situación que genera riesgo de deforestación y degradación de la tierra. En tal sentido, se requiere que el referido ministerio, en el marco de sus competencias en materia agraria y forestal, apruebe un reglamento que promueva y permita actividades agrarias solo en tierras aptas para esta actividad.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar supervisando la labor estatal para proteger el derecho a un ambiente sano y para hacer frente a la crisis climática y sus impactos en los derechos de la población, así como para garantizar que las inversiones sean respetuosas con el ambiente, del cual depende la calidad de vida de todas las personas.
Fuente: Defensoría del Pueblo de la República del Perú
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