PERÚ | Defensoría del Pueblo urgen políticas públicas que protejan y promuevan derechos de niñas y adolescentes mujeres

En el Día Internacional de la Niña, la Defensoría del Pueblo remarcó que el Estado en todos sus niveles, especialmente las nuevas autoridades elegidas, deben promover medidas para proteger a las niñas y adolescentes, especialmente, sus derechos a la igualdad, participación política y a una vida libre de violencia.

Uno de los problemas más graves que afrontan es la violencia. De enero a agosto de 2022, los centros emergencia mujer (CEM) atendieron 25 952 casos de violencia hacia niñas y adolescentes mujeres, lo que representó un 71.6 % del total referido a personas menores de edad; de estos casos, 11 977 fueron por violencia sexual y 5063 por violación sexual, lo que representaría el 93.9 % de casos hacia dicha población. Esta realidad refleja que, especialmente, la violencia sexual tiene rostro de niña y adolescente mujer.

Durante el mismo periodo, los CEM también atendieron 62 casos sobre trata de personas con fines de explotación sexual, de los cuales 51 casos (82.3 %) correspondieron a niñas/os y adolescentes de 0 a 17 años. De esta última cifra, 48 casos fueron relacionados a niñas y adolescentes mujeres, quienes son las principales víctimas de esta forma de violencia.

De otro lado, de acuerdo con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (Minsa), durante el 2021, se registraron 1430 nacimientos cuyas madres eran niñas y adolescentes menores de 14 años; en el 2022, de enero hasta la fecha, esta cifra ya se encuentra en 1074 casos. Esta situación es grave, ya que, según la legislación peruana, el embarazo de una niña menor de 14 años es consecuencia de una violación sexual.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo remarca que una de las prioridades del Estado peruano debe ser la promoción de derechos, defensa y empoderamiento de las niñas, para lo cual se deben eliminar todas las formas de discriminación, actitudes, prácticas culturales, violencia y explotación que las perjudican. Asimismo, de acuerdo con la agenda 2030 de la ONU, es preciso que se logre la igualdad de género, como derecho fundamental para un mundo pacífico, próspero y sostenible.

En ese sentido, todos los niveles del Estado, con énfasis en las nuevas autoridades elegidas regionales y locales, deben poner especial atención a los problemas y desafíos para la protección de los derechos de niñas y adolescentes mujeres. Una actuación efectiva y oportuna, a través de políticas públicas y espacios de participación que las incluyan, permitirá que tengan una vida feliz, digna y sobre todo libre de violencia.

Es así que, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Niña, María Esmeralda, una adolescente de la región Piura, asumió el cargo de defensora del pueblo, en el marco de la campaña “Niñas al Poder”, promovida por Plan International, y dirigió una reunión con representantes de las adjuntías y programas de la Defensoría del Pueblo, quienes le dieron cuenta del trabajo que vienen realizando en las líneas temáticas a su cargo. En dicho espacio, trasladó la preocupación de las niñas de todo el Perú, en especial, de su región, afectadas, principalmente, por la falta de acceso a servicios públicos vitales como el agua.

Adicionalmente, María Esmeralda participó junto a representantes de la Oficina Defensorial de Piura en la supervisión electoral a locales de votación, donde pudo contribuir a garantizar la atención preferente a mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

La Defensoría del Pueblo continuará con su labor de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en su diversidad, y recuerda que es obligación del Estado, la familia y la sociedad en general garantizar que las niñas tengan una vida digna y sin ningún tipo de violencia. Para ello, es indispensable visibilizarlas en la elaboración e implementación de políticas públicas, y generar espacios de participación que les permitan expresar su opinión, además de conocer, defender y, sobre todo, ejercer sus derechos.

Fuente: Defensoría del Pueblo, Perú