BackLa Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 1997, proclamó el 26 de junio el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la finalidad de generar, por parte de los Estados, las acciones necesarias para erradicar estas situaciones lamentables, reconocer el daño causado a las víctimas e impulsar la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigencia el 26 de junio de 1987.
Los Mecanismos Nacionales para la Prevención de la Tortura, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y Degradantes de la Naciones Unidas, coadyuvan al logro de estos propósitos, ya que su objetivo principal es prevenir la tortura, identificando los factores de riesgo que puedan propiciar o dar lugar a malos tratos o tortura de las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.
La realidad específica de los centros bajo la custodia del Estado, entre los cuales podemos mencionar a los centros penitenciarios, albergues o estaciones migratorias y albergues de personas mayores, es sumamente compleja y preocupante, por condiciones preexistentes tales como el hacinamiento, la carencia de un suministro permanente de agua potable, infraestructuras insalubres y servicios de salud insuficientes por la falta de personal, equipos e insumos; lo que genera una condición de permanente vulnerabilidad para quienes se encuentran en los mismos, ya que dependen totalmente del Estado para la satisfacción de sus necesidades básicas.
Ante la actual pandemia del COVID-19, esta situación se ha profundizado exponencialmente y se ha puesto en relieve la necesidad de que autoridades y la sociedad en general prestemos mayor atención a las personas bajo la custodia del Estado, a quienes debe garantizárseles la vida y la salud, como derechos humanos inalienables.
En el día de apoyo a las víctimas de la tortura, desde el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, instamos al Estado a garantizar el respeto de las salvaguardas de la población bajo la custodia del Estado, y a implementar acciones que permitan un trato digno a estas personas, ya que las condiciones en que se encuentran actualmente podrían constituir tortura o malos tratos.
Igualmente consideramos necesario que se implemente una real y efectiva política de resocialización, fortalecida con una mayor cantidad de recursos técnicos, de personal, económicos que sea respetuosa de los Derechos Humanos de esta población y que nos permita avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, con todas las personas, en especial con los que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.
Source: Defensoría del Pueblo de Panamá
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