BackLa trata de personas es un problema a escala mundial y representa una grave violación a los derechos humanos, toda vez que mediante esta actividad ilícita se vulnera el derecho a la libertad, a la salud, a la identidad, entre muchos otros derechos fundamentales.
En la trata se priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. A pesar que una de las formas de explotación más conocidas o señaladas es la explotación sexual, existen muchos casos de victimas que son objetos de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
La lucha contra la trata de personas no debe considerarse solamente responsabilidad de las autoridades del Estado; pues la población en general puede ayudar a combatir ese delito, siendo conscientes del problema y asegurándose que la penosa situación de las víctimas no pase inadvertida, para lo cual pueden acercarse a las autoridades para poner en conocimiento cualquier situación de la comisión de una actividad ilícita.
Es importante reconocer la responsabilidad que tienen los Estados de proteger y promover los derechos de todas las personas que se encuentran en su jurisdicción, incluidas las personas no nacionales. Por lo cual esta responsabilidad se traduce en una obligación jurídica concreta de los Estados, que es la de luchar por eliminar la trata de personas y la explotación que esta conlleva.
Es importante señalar que para una respuesta adecuada al fenómeno de la trata de personas se requiere de acciones de trabajo conjuntas y coordinadas tanto en las instituciones y actores que participan en las actividades encaminadas a combatir este fenómeno a nivel interno, así como aquellas coordinaciones necesarias con otros Estados, para establecer mecanismos de cooperación regionales y bilaterales entre los países de origen, tránsito y destino.
Panamá cuenta con la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, que está integrada por diversas instituciones estatales, incluida la Defensoría del Pueblo; y actualmente se está trabajando en el establecimiento de un protocolo para la identificación y atención de las víctimas, con lo cual se fortalecería el abordaje de la problemática, en particular en lo que se refiere a la protección de las víctimas.
Como Institución de Derechos Humanos, nos mantendremos en acompañamiento de estos procesos, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en la materia.
Fuente: Defensoría del Pueblo, Panamá
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