BackEl Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu muestra su preocupación por la situación concreta de la vivienda en el caso de muchas familias andaluzas.
Para el Defensor andaluz, el derecho a la vivienda, en las actuales circunstancias, es uno de los más afectados, ya que el no poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada dificulta el ejercicio de otros derechos fundamentales, entre ellos el propio derecho a la salud.
Es por ello que se ha dirigido a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio interesándose por las medidas concretas que se están poniendo en marcha para garantizar este derecho entre los colectivos con mayores necesidades de vivienda.
La Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, en lo que respecta a los servicios declarados en materia de Vivienda se contemplan: coordinación Área de vivienda; gestión de pagos a promociones de viviendas en alquiler, a promotores de viviendas y a obras en ejecución; coordinación Ayudas Rehabilitación Edificios y Viviendas y control de aprobación del Plan.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz es preciso una mayor concreción de estos servicios, que responda a las necesidades específicas de vivienda de una parte importante de la población andaluza. Es el caso de las ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde al ya extraordinario retraso que vienen sufriendo ahora se añada “la posible paralización, si quiera transitoria, del procedimiento de resolución y pago, especialmente de las solicitudes formuladas por los colectivos que se consideraron prioritarios, por no haberse considerado por la administración autonómica la prestación de este servicio como esencial”.
El Defensor del Pueblo Andaluz es consciente de que en el actual contexto de emergencia sanitaria y de confinamiento de la población pierden validez los parámetros de tiempos ordinarios pero considera importante recordar que precisamente los defectos procedimentales que se vienen arrastrando en la gestión de estas ayudas -al igual que alertó hace unos días sobre la renta mínima-, con retrasos y demoras considerables, colocan a estas personas, ya en situación de vulnerabilidad, en una situación aún mayor de necesidad.
En la misma línea, el Defensor quiere conocer si se van a poner en marcha otras medidas específicas en materia de vivienda por parte de nuestra Comunidad Autónoma.
Hasta la fecha, el paquete del Gobierno de la Nación de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 contempla asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, a fin de garantizar su derecho a la vivienda.
Asimismo, otras comunidades autónomas han llevado a cabo otro tipo de iniciativas encaminadas a paliar los efectos de esta crisis sanitaria, adoptando medidas tales como la moratoria del pago del alquiler de las viviendas sociales de su patrimonio residencial, mientras dure la misma.
La profunda brecha que la crisis sanitaria abre en nuestro país está golpeando con más virulencia a las personas en situación de exclusión social por lo que deben ser especialmente contempladas como destinatarias de medidas que mitiguen este impacto. Ello genera la obligación en los responsables públicos de adoptar medidas extraordinarias, aplicando criterios de justicia social.
Desde que se declarara el estado de alarma, han sido más de medio centenar las personas que han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz para manifestar su temor y su desolación, a través de las redes sociales, y de las consultas a la Oficina de Información o mediante la forrmalización de su queja vía telemática, por la preocupación ante la falta de ingresos y el pago de las ayudas del alquiler, la necesidad de vivienda de personas con menores y los desahucios que se estaban tramitando, entre otros asuntos.
Fuente: Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, España
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