El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado el pasado viernes, 22 de noviembre, en las Cortes Generales el informe Violencia vicaria de género. Las otras víctimas, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.
El informe analiza la violencia vicaria de género, señala seis líneas de actuación y formula diecinueve recomendaciones que han sido enviadas hoy mismo desde la institución Defensor del Pueblo a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer; a la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia; a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales; a la Secretaría de Estado de Seguridad; a la Secretaría de Estado de Justicia; al Consejo General del Poder Judicial, y a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia para prevenir, combatir y reparar esta forma de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos.
Para el Defensor del Pueblo el objetivo de este informe es “centrar la mirada en las mujeres y en los niños y las niñas que han de considerarse explícitamente como víctimas de esa violencia, es decir, de quienes la han ejercido y la ejercen”. Ángel Gabilondo califica de “descorazonador y deplorable” que algunos hombres busquen explícitamente hacer el máximo daño a las mujeres agrediendo, incluso asesinando a sus hijos e hijas. En su opinión, la violencia vicaria de género “es una forma absoluta y cruel de ejercer poder, de crear mayor dominio, de pretender la máxima sumisión e indefensión”. Así, el Defensor del Pueblo considera que “la violencia vicaria no es simplemente otra modalidad de violencia, es una muestra palpable más de la urgencia de abordar desde todas las instancias esto que no es solo un problema. Las mujeres y sus hijos e hijas son víctimas de una misma violencia, por unos motivos semejantes, incluso único. Y por una misma razón, porque sus madres son mujeres”.
Ángel Gabilondo estima que en los últimos años se han logrado avances importantes para luchar contra esta lacra pero, a su juicio, se necesita una protección específica de este tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia. Unos sistemas de valoración de riesgo y de intervención propios que permitan entender toda la problemática que afecta a la unidad familiar en su conjunto y que hagan prevalecer el interés de niños, niñas y adolescentes por encima de ningún otro.
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Fuente: El Defensor del Pueblo, España