BackEl Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo (ILO) insta a los gobiernos del continente americano a priorizar la salud pública y los derechos humanos en sus decisiones y políticas públicas respecto de la vacunación contra el COVID-19.
La pandemia del COVID-19 ha originado una crisis sanitaria, económica y social sin
precedentes a nivel global, sobrepasando la capacidad de los sistemas de salud y afectando de manera especialmente grave a quienes viven en situación de pobreza, carecen de cobertura médica, o enfrentan algún tipo de discriminación.
El ILO reconoce las dificultades que los distintos países del mundo entero debieron
afrontar ante la pandemia del COVID-19, en donde cada uno de ellos ha implementado políticas públicas encaminadas a la protección de la salud, la integridad y la vida de todos sus habitantes.
Desde fines de 2020 ha comenzado un proceso de vacunación en distintas partes del mundo, actividad que, dependiendo de cada jurisdicción, se ha realizado con intervención estatal, privada o mixta.
El ILO coincide con lo expresado por la comunidad científica al considerar de vital
importancia la vacunación masiva como una de las medidas que podrá mitigar en el corto plazo y eliminar al largo plazo, la pandemia del COVID-19.
Tal como lo ha establecido el Consejo Económico y Social de la Organización de las
Naciones Unidas, el derecho a la salud tiene como contenido esencial el goce del más alto nivel posible de salud por parte de las y los habitantes. El acceso al derecho a la salud compete a los Estados, que deben proporcionar en condiciones de igualdad, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas.
La pandemia produjo una crisis socio económica sin precedentes, que debe ser asumida por los Estados con total responsabilidad, situación que está conectada estrechamente con el proceso de vacunación. En este sentido, es indispensable que los planes de vacunación desarrollados por los gobiernos se referencien en el principio de igualdad y equidad que constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas al garantizar el acceso, la disponibilidad y la asequibilidad de los recursos sin distinción alguna, ya sea por situación económica, ubicación geográfica, etnia, género o cualquier otra condición humana o social.
Distintos organismos internacionales e instituciones defensoras de los derechos
humanos en todo el mundo ya se han pronunciado en este sentido y han reclamado que los Estados garanticen que el acceso a la vacuna sea equitativo, tanto en el área rural como urbana, gratuita para todos y todas, incluidas las comunidades vulnerables, los refugiados, los migrantes, los apátridas, los detenidos en los centros de detención y los reclusos, sin discriminación por motivos de nacionalidad.
También se ha reclamado transparencia en el proceso de vacunación exhortando a que dichos procesos se desarrollen informándose de forma permanente a la ciudadanía, y disponiendo que se realicen investigaciones penales de manera diligente en el marco de su obligación de luchar contra la corrupción.
Sin embargo, resulta preocupante el registro de la tendencia al acaparamiento de
vacunas por parte de ciertos países, que podría producir desabastecimiento especialmente en los países de renta media y baja. La consecuencia de ello sería una prolongación de la pandemia con consecuencias sobre el avance del virus y sus mutaciones.
Desde el ILO se considera necesario alertar respecto de la necesidad de garantizar el acceso a la vacunación en condiciones trasparentes, respetando el principio de igualdad y no discriminación para todas y todos los habitantes como estrategia para superar la pandemia del COVID-19 en todo el mundo.
Es por estas razones que el ILO insta a los gobiernos del continente a:
- Desarrollar planes de vacunación adecuados, que respeten los principios de disponibilidad, accesibilidad y viabilidad económica, física, cultural y territorial de las dosis de vacunas distribuidas en sus jurisdicciones.
- Conducir el proceso de vacunación con intervención y control estatal permanente, considerando que permitir que la ley del libre mercado prevalezca en la importación y distribución de vacunas dejaría a un gran porcentaje de habitantes de los países sin acceso real a las mismas.
- Priorizar que la distribución garantice el acceso rápido, coordinado y equitativo a las vacunas COVID-19 para todos y todas dondequiera que residan dentro de los países.
- Coordinar de manera adecuada con las empresas y laboratorios privados o públicos, nacionales e internacionales para que los programas de vacunación respeten los estándares de calidad. Si los gobiernos aún no pueden implementar por completo un proceso de vacunación integral, deberán trabajar para su realización progresiva en el menor tiempo posible, de manera eficiente y efectiva y con el mejor esfuerzo y recursos que pueda dedicar, logrando que nadie se quede atrás.
- Garantizar el acceso a toda la información producida en los procesos de adquisición, distribución y aplicación de las vacunas COVID-19 de manera transparente y responsable para prevenir y erradicar la corrupción.
Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo (ILO), Mayo de 2021
Fuente: Secretaría del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo (ILO)
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