ESPAÑA | El Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura solicita alternativas a la prisión para las personas con discapacidad intelectual

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han entregado al presidente del Parlamento, Josep Rull, el Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura correspondiente al año 2024. Este informe, que recoge la actividad llevada a cabo por el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), es el decimocuarto que se entrega al Parlamento.

Durante 2024, se visitaron 35 centros con personas privadas de libertad o institucionalizadas. La mayor parte de las visitas (19) corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d'Esquadra (7) como, sobre todo, de policías locales (12). También se visitaron ocho centros penitenciarios, seis centros educativos de justicia juvenil, un centro sociosanitario y un servicio de atención hospitalaria psiquiátrica. Como cada año, el informe contiene las fichas de todas las visitas, donde se recogen las principales observaciones y conclusiones del Equipo de Trabajo del MCPT para cada centro visitado, así como las recomendaciones pertinentes.

Consulta el mapa interactivo de los equipamientos visitados por el MCPT durante el año 2024.

Personas con discapacidad en los centros penitenciarios

Como cada año, el informe contiene un monográfico, que este año trata sobre la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (DID) en los centros penitenciarios de Cataluña. El documento concluye que la cárcel no es un lugar adecuado para estas personas, y el MCPT pide que puedan cumplir su condena de forma alternativa: "La apuesta por el medio abierto de las personas con DID debe ser una prioridad", ha manifestado la síndica.

En este sentido, las instancias jurisdiccionales deberían derivar a estas personas hacia otros recursos más adecuados a su situación. Sin embargo, como no se hace –a menudo porque en esta fase no se detecta la discapacidad– debe afrontar el problema desde la Administración penitenciaria. Y, aunque se están haciendo esfuerzos para adaptar el entorno penitenciario a las personas con DID, todavía existen carencias que limitan la posibilidad de que reciban una atención adecuada a sus necesidades.

De hecho, el primer problema es que no existen unidades específicas para atender las necesidades de este colectivo, a excepción del Departamento de Atención Especializada de Quatre Camins, que trabaja bajo los principios de comunidad terapéutica. Esta es claramente una buena práctica penitenciaria, que convendría replicar en el resto de centros.

La falta de unidades específicas hace que, en la práctica, la mayoría de las personas con DID convivan mezcladas con otros internos vulnerables, ya sea porque sufren una patología mental, un problema de consumo o una discapacidad. En algunas ocasiones, además, la estancia en estos espacios alternativos está limitada a dos años, lo que no es adecuado para las personas con discapacidad intelectual. Otros centros penitenciarios, como el de Ponent o el de Mujeres, ni siquiera tienen previsto disponer de este espacio para atender a los internos en situación de vulnerabilidad.

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Fuente: El Síndic de Greuges de Catalunya, España