BackEl Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, condena la muerte violenta de tres personas de la comunidad LGBTIQ+ y expresa que la ausencia de programas de protección incrementa la vulnerabilidad de esta población.
Expresa:
Su enérgica condena y gran preocupación por las muertes violentas de Bárbara Waimaran, mujer trans, ocurrida el pasado 30 de diciembre, en el caserío el Jícaro, El Progreso; y de Joseline Calito, asesinada con arma de fuego en Amatitlán y la de un hombre gay, en Santa Rosa, ambos crímenes ocurridos este 2 de enero.
Su solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad LGBTIQ+.
Informa:
Que las Auxiliaturas de Jutiapa, Guatemala y Santa Rosa abrieron expedientes y junto a la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual, darán seguimiento a los casos en las instancias pertinentes.
Que la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual realiza coordinaciones con el Observatorio de Muertes Violentas por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Red Nacional de las Personas de la Diversidad Sexual y Asociación LAMBDA y de la Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS RN) para profundizar la información sobre los casos.
Recuerda:
Que la desatención del Estado y la ausencia de programas de protección e inclusión de las personas LGBTIQ+ incrementa las condiciones de vulnerabilidad de esta población.
Que dentro de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035 se reconocen las condiciones de vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+.
Recomienda:
A las autoridades pertinentes del Estado, promover una política de protección a favor de personas LGBTIQ+, con la finalidad de reducir los actos de violencia en su contra.
Al Ministerio Público, investigar con diligencia y objetividad los alarmantes casos de muertes violentas en contra de personas LGBTIQ+ y conducir a todos los responsables a los tribunales. Asimismo, promover la elaboración y aprobación del Protocolo para la atención especializada de personas de la diversidad sexual y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Fuente: Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala
