ESPAÑA | El Síndic de Greuges de Cataluña después de diez años de la Ley de transparencia constató que se había avanzado mucho, pero todavía quedaba margen de mejora

El 19 de diciembre de 2024, se ha publicado el octavo Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que evalúa el cumplimiento de la Ley 19/2014 con cifras de 2022 y 2023. En esta edición, se ha abierto la mirada para analizar todos los aspectos regulados por la Ley: transparencia (publicidad activa y derecho de acceso a la información pública), buen gobierno, gobierno abierto y grupos de interés.

En cuanto a la metodología, se ha seguido el modelo anterior y se ha obtenido la información por medio de un cuestionario enviado a 1.007 sujetos (el cuestionario ha obtenido un 83 % de respuesta).

Diez años después de la aprobación de la Ley 19/2014, el estudio arroja aspectos positivos, pero también algunas carencias. Se ha avanzado en publicidad activa (deber de hacer públicos, de oficio, los contenidos de información pública) y en derecho de acceso a la información pública (derecho a solicitar y obtener la información pública). Sin embargo, queda mucho margen de mejora en lo referente al buen gobierno, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de los servicios; los principios éticos y las buenas prácticas. También es preciso avanzar en temas de gobierno abierto; es decir, en la relación entre la Administración y las personas para definir y aplicar las políticas públicas, y en los instrumentos de participación. Estos son los ámbitos que más peso tienen para reforzar la legitimidad de la acción pública y la confianza de la ciudadanía en la Administración.

Transparencia: publicidad activa y acceso a la información pública

El informe detecta, por un lado, que se han creado pocas unidades de información en relación con la coordinación y el asesoramiento a la ciudadanía (solo un 17,4 %), y, por otro, que muchas administraciones no han destinado a este ámbito suficientes recursos humanos ni económicos. También se ha visto que, al personal que trabaja en las administraciones en esta materia, le falta formación al respecto.

Además, se constata una doble velocidad en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre las administraciones grandes y con mayores recursos, y las administraciones con menos recursos. Es necesario, pues, reforzar los instrumentos de cooperación interadministrativa para reducir estas diferencias.

Por otra parte, las dificultades para publicar la información en formatos reutilizables se hacen evidentes. Las solicitudes de acceso a la información pública se han incrementado en un 34 % (en el 42 % de estos casos, se ha requerido a las administraciones que resolvieran las solicitudes). Para terminar este apartado, se han detectado lagunas a la hora de informar sobre las vías de recurso cuando no se emite resolución o cuando la persona no está de acuerdo con la resolución.

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Fuente: El Síndic de Greuges de Catalunya, España