BackEl Síndic de Greuges ha hecho públicos los datos más destacados y las principales recomendaciones incluidas en el tercer informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente al año 2017. Previamente, el síndic, Rafael Ribó, ha entregado un ejemplar al presidente del Parlamento, Roger Torrent.
En términos generales, a pesar de que se ha avanzado en el cumplimiento de la Ley en aspectos concretos (por ejemplo, se han aprobado 90 códigos éticos ajustados a los parámetros de la Ley), la percepción general es de una cierta ralentización en el despliegue. En este sentido, cabe reforzar las actuaciones de colaboración y apoyo entre administraciones puesto que las obligaciones son las mismas para todas las administraciones aunque las capacidades y recursos no lo sean.
El año 2017 ha venido marcado por la excepcional situación institucional en Cataluña, que ha afectado también a la aplicación de la Ley de transparencia, sobre todo en el ámbito de la Administración de la Generalitat, retrasando iniciativas que requerían impulso político. Este es el caso del despliegue reglamentario de la Ley aunque, en cuanto a las obligaciones de transparencia y en materia de participación ciudadana, se encuentra en fase avanzada de elaboración.
Según el Síndic es necesario aumentar el esfuerzo para difundir el derecho de acceso por medio de una actuación conjunta de todas las administraciones, que pueda tener un impacto sustancial en el conjunto de la población. Los ciudadanos deben saber que tienen derecho a pedir la información que tienen sus administraciones, y este es un derecho básico para avanzar hacia un modelo más participativo.
Asimismo es preciso dotar a la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) de los recursos necesarios para ejercer su función. El órgano de garantía es una pieza básica en la configuración del derecho de acceso, tanto para resolver las reclamaciones como para fijar pautas y criterios de aplicación. Y no es admisible la situación actual, con un número de miembros inferior al previsto como mínimo a la Ley y sin los recursos adecuados para ejercer de forma plena todas sus funciones.
En cuanto a la calidad de la información que se publica en los portales, a medida que aumenta el volumen de información publicada, si no se realiza de manera organizada y comprensible para el ciudadano, puede generar en las personas una percepción de desinformación y de ineficacia de la publicidad, contrario a lo pretendido. Es preciso que la información se publique de forma estructurada, cumplida y actualizada e incorporar, cuando sea necesario, guías para que sea entendible para todo el mundo. A pesar de esto, el estudio de este año ha introducido una novedad metodológica y se ha implicado a usuarios no expertos para comprobar la usabilidad y facilidad de navegación por los portales de transparencia. Un 90% de la setentena de usuarios que han participado ha interactuado con fluidez.
Según el Síndic también cabe revisar el régimen sancionador de la Ley. Como ha sido concebido difícilmente podrá funcionar como garantía del cumplimiento de la Ley y, pasados tres años de la vigencia, es oportuno revisarlo.
Para elaborar este informe, como en los años anteriores, se ha dedicado una atención especial a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad y a la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a información pública. En total, se han analizado 2.393 portales y para verificar el cumplimiento del derecho de acceso se han enviado 228 solicitudes con la técnica del ciudadano oculto. Sobre el nivel de respuesta, evaluado a partir de este sistema, ha sido del 69,5% muy similar al del año pasado.
El Informe incluye un anexo con la relación de administraciones que no han dado respuesta a las solicitudes planteadas en el marco del test del ciudadano oculto, entre los que aparecen ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. En algunos casos, este comportamiento se repite por tercer año consecutivo.
En relación con el número de solicitudes de acceso a la información, de acuerdo con los datos facilitados por las diferentes administraciones mediante los cuestionarios, se ha reducido respecto al año anterior. En este sentido, el Síndic propone potenciar la vía electrónica en las solicitudes de acceso a la información, seguramente la opción preferida por la ciudadanía, de manera que se haga sin exigir la firma electrónica o el certificado de identificación, circunstancia que la Ley permite. El derecho de acceso se reconoce legalmente a todo el mundo, sin condiciones, y la identidad no es relevante para ejercerlo.
El Síndic destaca que el nivel de respuesta a los cuestionarios mencionados ha mejorado pero aún se encuentra lejos de la plena colaboración.
Fuente: El Síndic de Greuges de Catalunya, España
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