BackEl pasado año en Alemania se publicó un informe que analizaba el alcance de la infiltración de la extrema derecha dentro de los servicios de seguridad del país.
El Departamento de Interior ha aceptado la recomendación de elaborar un estudio similar respecto del cuerpo de PG-ME.
Se apela a la colaboración de los principales ayuntamientos para que se pueda hacer extensivo a las policías locales.
También ha trasladado la resolución a sus homólogos estatales y autonómicos con policia propia a fin de que, si lo consideran conveniente, lo propongan en el marco de sus territorios.
En los últimos meses del año 2020 se publicaron algunas noticias sobre comportamientos y actitudes peligrosas respecto al sistema democrático de algunos miembros de las fuerzas armadas, como por ejemplo una declaración de respeto y desagravio al general Franco, que fue firmada por 181 militares retirados, que protestaban por el anuncio de exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos; unas imágenes grabadas en una casa cuartel con motivo de la celebración del día de la Inmaculada Concepción, donde se veían asistentes haciendo el saludo nazi y cantando una canción de la División Azul, o la existencia de varios chats integrados por militares en la reserva en que se intercambiaban mensajes ultraderechistas.
También se han hecho públicas determinadas actuaciones de la Guardia Civil que se podrían atribuir a prejuicios ideológicos vinculados a la extrema derecha, como los gritos de “A por ellos” del mes de octubre de 2017; atestados como los que evaluaron el papel de los Mossos d'Esquadra por su actuación en ese mismo año, desautorizados por la Sentencia 20/2020, o el discurso del director general de la Guardia Civil en la casa cuartel de Sant Andreu de la Barca en octubre de 2019, entre otros.
A raíz de estas publicaciones, resurgió el debate sobre la presencia de la extrema derecha dentro de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas o sobre una posible politización de algunos de los miembros que forman parte.
Al tener conocimiento de estos hechos, el Síndic abrió una actuación de oficio para estudiar el caso y hoy presenta sus conclusiones. La resolución determina la necesidad de elaborar uno o varios informes oficiales sobre la necesidad de analizar la posible presencia de la extrema derecha dentro de los cuerpos policiales o la politización de algunos de estos sectores, lo cual podría atentar contra la legalidad vigente.
El precedente de esta recomendación es el informe sobre la materia elaborada en Alemania el año pasado, que representa un primer intento de analizar el alcance de la infiltración de la extrema derecha dentro de los servicios de seguridad del país. La decisión de elaborar este estudio nació del incremento de casos protagonizados por extremistas dentro de las fuerzas policiales y militares.
El informe, elaborado por la Agencia Nacional de Inteligencia, en colaboración con los gobiernos de los estados federados, detectó más de 1.400 casos en que militares y policías aparecen como sospechosos de cometer acciones extremistas, y concluía que esto constituía un peligro importante para el Estado y la sociedad, y que era imprescindible continuar identificando a los extremistas. El informe del Gobierno alemán causó un gran impacto mediático.
En cuanto a las fuerzas armadas, la Ley orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas, establece “el deber de neutralidad política” de los militares y regula que en ejercicio de su derecho de asociación pueden participar en asociaciones “que tengan como fin la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados”.
En cuanto a los cuerpos y las fuerzas de seguridad, es el artículo 104 CE el que define las misiones: “Proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. EL artículo 5.1.b) de la Ley orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad, les obliga “actuar con absoluta neutralidad política”. La Ley catalana 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat-Mossos de Escuadra, reproduce literalmente en el artículo 11.2 la misma exigencia. Y también lo hace la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las policías locales, en su artículo 10.1.
Así pues, en opinión del Síndic, más que investigar la presencia de la extrema derecha en los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, cosa difícilmente compatible con el marco legal, que no penaliza la existencia de esta ideología ni de ninguna otra, haría falta analizar hasta qué punto se está cumpliendo la obligación de mantener la neutralidad política en casos como los que se han mencionado. Por tanto, sería necesario que el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y locales no actuaran en función de casos que se consideran aislados, sino que investigaran a fondo las actuaciones incorrectas en el marco de una visión global. Este estudio tendría que incluir lógicamente al Cuerpo de Mossos d'Esquadra y también a las policías locales. Dicha investigación debería conllevar una colaboración entre los ministerios de Interior y Defensa y los gobiernos de Cataluña, el País Vasco y Navarra y los ayuntamientos que se podría vehicular a través del Departamento de Interior (Dirección General de la Seguridad).
Por consiguiente, en el marco de sus competencias, el Síndic pidió al Departamento de Interior de la Generalitat que se hiciera cargo de la traducción y difusión del informe del Ministerio del Interior de Alemania y que elaborara un estudio similar respecto al cuerpo de PG-ME. Este estudio, con la colaboración de las entidades municipalistas de Cataluña, se podría hacer extensivo a las policías locales de todo el país. Asimismo pide al Ayuntamiento de Barcelona que colabore con el Departamento de Interior para poder elaborar un informe en la misma línea respecto a la Guardia Urbana de Barcelona.
En este sentido, cabe destacar que ya se han recibido respuestas positivas tanto del Departamento de Interior como del Ayuntamiento de Barcelona. Por su parte, el Departamento de Interior se ha comprometido a traducir el estudio mencionado y ha informado al Síndic de su voluntad de elaborar un estudio similar al alemán, que deberá evaluar las 217 organizaciones policiales existentes en Cataluña y que será trasladado al futuro consejero o consejera de Interior. Y, por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona también ha respondido que adquiere el compromiso de coordinarse con el Departamento de Interior de la Generalitat para poner en marcha este estudio.
Así mismo, el Síndic se ha dirigido a sus homólogos estatales (Defensor del Pueblo) y autonómicos, en comunidades con policía propia (Arartekos del País Vasco y Navarra) y les ha sugerido que propongan un estudio sistemático y global sobre los casos de falta de neutralidad política dentro de los cuerpos policiales del Estado y las fuerzas armadas, por un lado, y de las policías forales, por el otro.
Puede encontrar la resolución del Síndic aquí.
Fuente: Oficina del Síndic de Greuges de Cataluña, España
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