Ante el fuerte incremento de la población detenida de los últimos años, que desde hace tiempo viene advirtiendo este organismo, y la crisis carcelaria que ello ha provocado, el titular del Ministerio de Justicia resolvió declarar la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de tres años.
Debido a esta grave situación la Procuración Penitenciaria valora la resolución emitida desde el Ministerio. Sin embargo, el Organismo cree también necesario cambiar la trayectoria punitivista actual con el objeto de encontrar otra solución a la problemática y evitar el crecimiento desproporcional de la población carcelaria.
En el ámbito de la Secretaría de Justicia se instó a conformar una Comisión de Emergencia en materia Penitenciaria de la que participará la Procuración Penitenciaria de la Nación. Serán miembros también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (CABA), la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la comunidad académica (dependiente de la Secretaría de Justicia), la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Seguridad, la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa y la Procuración General de la Nación.
La Comisión se reunirá cada quince días y tendrá por objetivo analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos del estado nacional intervinientes en la materia penitenciaria federal para la elaboración de propuestas de políticas públicas tendientes a:
a) resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal;
b) mejorar las condiciones de privación de la libertad;
c) promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables.
La medida extraordinaria dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no es suficiente como respuesta frente al fenómeno de la sobrepoblación si no se logra consensuar acciones concretas que frenen el incremento de la población detenida, y que sean aplicadas entre todos los actores involucrados. Desde la PPN se ha sostenido una y otra vez que el incremento de la población reclusa y el agravamiento de las condiciones de detención vulneran derechos humanos y no conducen a mayor seguridad.
Para leer el artículo completo y las soluciones propuestas por la PPN y sobre la advertencia international pinche aqui.
Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación, Argentina