BackAl presentar la Recomendación 7VG/2017 por los hechos de violencia en Nochixtlán, Oaxaca el pasado 16 de junio de 2016, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que el operativo destinado a liberar vialidades estuvo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, en que no se observaron plenamente los protocolos de actuación, en especial por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas antes de emplear la fuerza contra la población en los enfrentamientos ocurridos en Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca y Viguera.
Destacó que como consecuencia de ello hubo 7 personas fallecidas, 174 pobladores y 106 elementos policiales lesionados (algunos por arma de fuego), y más de 300 pobladores afectados de otra manera. No se supervisó adecuadamente a los elementos policiales estatales antes del operativo, hubo mala coordinación entre las corporaciones policiales participantes e inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones, así como falta de análisis de inteligencia que considerara el día del operativo, entre otros aspectos.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien estuvo acompañado por el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, puso de manifiesto que lo que parecía un operativo más para liberar vialidades, encabezado por la Policía Federal, derivó en hechos que implicaron violaciones graves a derechos humanos, que inclusive afectaron a terceros que no participaban activamente en el bloqueo. Estas personas fueron vulnerados, entre otros derechos, los relativos a la vida, a la libertad a la integridad y seguridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, al acceso a un recurso efectivo, así como a la justicia y a la verdad.
Enfatizó que las instituciones policiales representan una de las herramientas más importantes para hacer valer el Estado democrático de derecho, pero pueden convertirse en pasivo si no funcionan sujetas a estándares profesionales y a la rendición de cuentas, además de que deben operar sobre las bases de un mandato claro, un sistema de carrera profesional con los derechos adecuados para esa función y múltiples mecanismos de control internos y externos. Por lo tanto, puso de manifiesto la conveniencia de crear entidades públicas de supervisión externa de los cuerpos policiales, tanto federales como locales, que cuenten con un consejo ciudadano de vigilancia con un mandato extensivo.
Destacó que la investigación de los hechos debe ser de cara a la sociedad para generar confianza, y las sanciones a los responsables son fundamentales; también deben diseñarse y ejecutarse esquemas adecuados para la reparación integral a las víctimas, tanto en lo individual como en lo colectivo. La Comisión Nacional se basa en la evidencia de fotografías y videos del día de los hechos y tanto testimonios civiles como de policías al mando de las corporaciones. Sin embargo, la CNDH precisó que después de más de un año de investigaciones aún falta la reconstrucción de hechos y la toma de declaraciones de testigos y víctimas.
La CNDH dirigió un total de 26 puntos recomendatorios a las cuatro autoridades destinatarias de la Recomendación, tendentes a garantizar que la verdad y la justicia lleguen a este caso, se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes; se reparen los daños y afectaciones a las víctimas, se atiendan los problemas socioeconómicos existentes donde ocurrieron los hechos y, de manera enfática, se prevenga la repetición de hechos similares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se pronuncia por buscar esquemas de recomposición del tejido social y por fortalecer el entorno de paz y legalidad tanto en Oaxaca como en las demás partes de nuestro país.
El comunicado de prensa entero se encuentra en la parte de descargas.
Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México
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