Francisco Grimón y su marido tuvieron en 2012 por gestación subrogada en India un niño y una niña y en los tres ejercicios siguientes aplicó en sus autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) la deducción por maternidad a la que cree que tiene derecho. La Agencia Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, hizo efectiva la rebaja fiscal, pero la delegación en Las Palmas, en un procedimiento de comprobación limitada del ejercicio 2013 acordó no aplicársela. El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR), al que el afectado recurrió, resolvió que al ser un matrimonio entre hombres no cabía la deducción por maternidad a ninguno de ellos puesto que ninguno es mujer.
La delegación de la Agencia Tributaria en Las Palmas también revisó de oficio los ejercicios 2014 y 2015 y ha vuelto a denegar la deducción por maternidad. Francisco Grimón está ahora pendiente de que el TEAR resuelva, pero en esta ocasión ha dado un paso más y ha acudido al Diputado del Común. Su asesor jurídico, Pablo Tejedor, de Deloitte Abogados, entiende que, visto el tiempo que el TEAR tarda en resolver las reclamaciones (unos tres años), el Diputado del Común puede impulsar no solo reformas a nivel legislativo, sino intervenir para acelerar el procedimiento en el tribunal económico.
Criterios distintos. Uno de los principales argumentos esgrimidos por Grimón y por sus letrados tiene que ver con el hecho de que la delegación de la Agencia Tributaria en Las Palmas aplica unos criterios distintos a las otras dependencias de gestión de la AEAT en relación al caso de parejas de hombres con hijos, que sí reconocen la devolución del abono anticipado de la deducción por maternidad del IRPF como consecuencia del nacimiento de un menor en un matrimonio entre hombres.
Pablo Tejedor asegura que la denegación de la deducción por maternidad a esta pareja es «un claro ejemplo de discriminación positiva» al amparo de una discusión fiscal que tiene el trasfondo, dice, de transmitir que los matrimonios homosexuales no tienen derecho a acogerse a los beneficios fiscales por maternidad, «sin atender a la expresa voluntad del legislador de bonificar la situación fiscal de las familias con la compensación de los costes sociales y laborales de la maternidad.
Acción conjunta con el Diputado del Común. Beatriz Barrera, adjunta al Diputado del Común, no solo ha dado curso a la queja, sino que esta semana se ha reunido con Grimón y con su abogado para conocer el caso de primera mano, porque es el primero que se da y «se ha denunciado en Canarias» y para comunicarles que actuará «conjuntamente con el Defensor del Pueblo», porque se reclama a un órgano estatal (la AEAT) y un impuesto estatal (el IRPF).
Barrera indicó que por un lado ambos órganos van a tratar de dar seguridad jurídica a otros casos propiciando la modificación del artículo 81 de la ley del IRPF, que solo reconoce la deducción los tres primeros años de vida del bebé a las mujeres y a los hombres cuando quedan viudos o ellas pierden la patria potestad del menor, y, por otro, de evidenciar un claro caso de discriminación por razón de sexo, pues «la disparidad de criterios de la AEAT va contra los derechos fundamentales en igualdad de género» contenidos en normas nacionales y autonómicas, dijo.
Grimón, que ganó en los tribunales la prestación de la Seguridad Social por nacimiento, sostiene que desde que tuvieron a los niños la suya ha sido «una lucha continua» para defender sus derechos. Y este proceso con la Agencia Tributaria, ha sido, dice, «muy agotador» porque ha visto cómo solo son iguales en la ley, no para la administración ni en todo el territorio. El dinero, dice, «ya es lo de menos» lo que quiere es «que nadie tenga que pasar por esto».
Fuente: Diputado del Común de Parlamento de Canarias, España