Perú | Informe Defensorial sobre la crisis política, cuestión de confianza y disolución del congreso

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho anunció que, dado que existe una relación directa entre el Estado Constitucional, y el respeto y vigencia de los derechos fundamentales, corresponde a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su rol constitucional como garante de la institucionalidad en el país, pronunciarse frente a la situación política actual. “La legitimidad del sistema democrático depende de su compromiso y eficiencia para satisfacer los derechos de la ciudadanía”, señaló.

El ejercicio del poder en un Estado Constitucional “debe conducirse bajo los principios de cooperación y de solución democrática”, dijo Gutiérrez. Según el Tribunal Constitucional (TC), estos exigen a los poderes del Estado evitar actuaciones obstruccionistas y preferir los mecanismos de diálogo para solucionar las crisis políticas existentes, justamente para satisfacer las legítimas demandas de la ciudadanía y los servicios públicos que necesitan.

Gutiérrez Camacho recordó que, en los últimos tres años, se ha generado un prolongado conflicto entre los poderes del Estado producto de que estos no han entendido el rol constitucional que les fue conferido. “Por el contrario, se han estacionado en una disputa por derrotar totalmente al otro. El fracaso de la política radica en emplear el poder público de espaldas a las legítimas demandas y necesidades de la ciudadanía”, acotó.

Esta forma de entender el ejercicio del poder ha conducido a los actores políticos a la actual crisis. Por un lado, la Defensoría del Pueblo considera que no es posible que el Legislativo haga ineficiente la cuestión de confianza, otorgándola formalmente con los votos, pero en la práctica, desnaturalizando los fines de la solicitud. Por otro lado, asumir que se ha negado fácticamente la cuestión de confianza implica abrir un amplio espacio de discrecionalidad que podría lindar con la arbitrariedad en el ejercicio de la facultad presidencial de la disolución del Congreso.

Esta situación de crisis institucional, en el que los escenarios previamente señalados fueron gobernados por la lógica de los hechos, y no del Derecho, trajo como desenlace la disolución del Congreso. Gutiérrez, señaló que a criterio de la Defensoría del Pueblo, ambos poderes pudieron evitar llegar a esta situación anómala, “pues teniendo la oportunidad de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por el supuesto exceso del ejercicio de las competencias del otro, no lo hicieron”, aseveró.

Llegados a este punto, para el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional debe admitir la demanda competencial, ya que el Colegiado ha declarado en anteriores oportunidades que este tiene el encargo de resguardar la sujeción del ejercicio del poder estatal a los parámetros de la Constitución.

Asimismo, Gutiérrez Camacho, sostuvo que en un sinnúmero de oportunidades el TC ha aplicado el principio de elasticidad, flexibilizando los requisitos y exigencias formales de los procesos constitucionales, de modo que estos puedan cumplir sus finalidades.

Otro aspecto que resaltó el Defensor del Pueblo fue que, el Tribunal Constitucional deberá tener en cuenta el principio de función integradora, con el fin de pacificar y ordenar las relaciones entre los poderes públicos, así como el de previsión de consecuencias, para medir el impacto que pueda tener esta decisión en la institucionalidad del país y el sostenimiento de la democracia.

Finalmente, señaló, que la Defensoría del Pueblo considera que, en el actual periodo de interregno parlamentario en el que nos ubicamos, el Tribunal Constitucional debe encontrar una solución constitucional a temas pendientes de resolver como los límites a los decretos de urgencia y las competencias de la Comisión Permanente.

Fuente: La Defensoría del Puebli, Perú