El pasado día 26 de marzo, el Ararteko cumplió con la obligación legal de entregar su informe anual de actividad al Parlamento Vasco. No obstante, y dada la situación de emergencia de salud pública derivada de la pandemia de coronavirus COVID-19, no ha sido posible su entrega protocolaria a la presidenta de la Cámara ni su presentación ante los medios de comunicación.
El pasado día 26 de marzo, el Ararteko cumplió con la obligación legal de entregar su informe anual de actividad al Parlamento Vasco. No obstante, y dada la situación de emergencia de salud pública derivada de la pandemia de coronavirus COVID-19, no ha sido posible su entrega protocolaria a la presidenta de la Cámara ni su presentación ante los medios de comunicación.
A partir de hoy, a través de su página web el Ararteko pone a disposición de todas las personas interesadas el Informe al Parlamento Vasco 2019, que recoge la actividad de la institución a lo largo del pasado año.
A continuación, destacamos, brevemente, algunos datos. A lo largo de 2019 se han llevado a cabo un total de 13.650 actuaciones, de las cuales 7.751 corresponden a quejas y consultas y 30 a expedientes de oficio. Se han realizado un total de 10.647 servicios en las oficinas de atención directa: de ellos cerca de 5.500 han sido a través del servicio telefónico y casi 6.600 las personas que han acudido a alguna de las tres oficinas, demandando información y asesoramiento. En 2019 hemos celebrado 71 reuniones con organizaciones sociales y 69 con diferentes administraciones: departamentos y direcciones del Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y otras entidades. También se han realizado 8 visitas de inspección que nos han permitido evaluar el funcionamiento, recursos, programa de gestión, seguimiento de las recomendaciones del Ararteko, etc. de las comisarías de la Ertzaintza de Gernika, de la Policía Local de Basauri, y de los centros de primera acogida y preparación a la emancipación de Bideberrria y de menores extranjeros no acompañados de Zornotza y Vivero, así como de los centros para adolescentes con problemas de conducta de Estibaliz y Sansoheta y del Centro socioeducativo de Andoiu-Gorbea. Además, hemos participado activamente en más de 170 diferentes actos, jornadas y eventos promovidos por administraciones, organizaciones sociales y defensorías, tanto a nivel autonómico, como estatal y en otras 20 de dimensión europea o internacional.
Durante el año 2019, se han resuelto 2.081 expedientes de queja y se han dictado 1.519 resoluciones. En el resto de los casos, se trata de inadmisiones sobrevenidas (duplicidad con otros defensores, cuestiones pendientes de resolución judicial o con sentencia firme, inicio de vía judicial, etc.). La duración media de los procedimientos de queja ha sido de 65 días. Analizando esos expedientes de queja, en cerca del 49% existía alguna actuación incorrecta de la administración afectada, un porcentaje inferior al del año anterior 53%). La administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 85% de los supuestos. En la mayoría de los casos no ha sido necesario dictar una recomendación formal por parte del Ararteko. En función del área temática a la que se refieren las quejas, observamos que han aumentado las relacionadas con el área de salud debido, en gran parte, a las 484 quejas recibidas por el cierre del módulo psicosocial de Cruces. Por el contrario, han disminuido las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social: 468 (frente a las 713 de 2018). La mayoría de estas reclamaciones, cerca del 90%, se refieren a problemas relacionados con el funcionamiento de Lanbide. Casi el 58% de los expedientes de queja tramitados tienen relación con derechos sociales (salud, inclusión social, vivienda, educación, etc.)
También las quejas referidas a los colectivos de atención pública suponen un número importante. Muchos de esos expedientes (incluyendo los del área de inclusión social) guardan relación con las políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho a mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas LGTB, inmigrantes, personas gitanas, etc. Atendiendo a la proporción de los expedientes tramitados que afectan a cada una de las administraciones, al igual que en años anteriores, el Gobierno Vasco ha sido la administración contra la que más reclamaciones escritas se han dirigido en 2019 (un 53%) y han aumentado las referidas a actuaciones de los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma (30%). Cerca del 10% han afectado a las diputaciones forales. Además hemos presentado un informe extraordinario: La praxis de la mediación en la CAPV.
En 2019 el Ararteko ha incorporado plenamente la dimensión europea e internacional de su labor en sus intervenciones y al hacerlo se alinea con las expectativas que el nivel europeo e internacional expresan con respecto a instituciones como ésta. En ese proceso, el ararteko Manuel Lezertua se reunió con el vicepresidente primero de la Comisión Europea Frans Timmermans y con el Comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía Dimitris Avramopoulos para intercambiar puntos de vista acerca de la crisis europea de los refugiados. Entre los nuevos textos relevantes en relación con las funciones que desempeña el Ararteko destaca la aprobación de los Principios de Venecia sobre la Protección y la Promoción de la Institución del Defensor del Pueblo, adoptados tras un proceso de consulta en el que participaron tanto el Ararteko como algunas de las redes internacionales en las que se integra. Estos principios exigen a las defensorías que asuman la función de defensa y promoción de los derechos humanos y superen así la concepción más clásica del Ombudsman de control de la mala administración.
Numerosas actividades se han relacionado con esta vertiente internacional, tanto en el ámbito de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en Europa, como en el de la protección de datos de carácter personal, de la cultura y los derechos lingüísticos, la trata de seres humanos, la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Mención especial merecen las actuaciones relacionadas con la protección de los derechos de la infancia como, por ejemplo, la participación en la Red Europea de Defensores de los Niños y Niñas (ENOC) sobre derechos en el entorno digital y en el proyecto ENYA.
Fuente: El Defensor del Pueblo del País Vasco