Argentina | La Defensoría del Pueblo realizó un nuevo webinar sobre la “Progresividad en los Derechos Humanos”

La Defensoría del Pueblo realizó un nuevo webinar sobre la “Progresividad en los Derechos Humanos”. Estuvo enmarcado en una serie de encuentros virtuales que son parte de las celebraciones por el 30 aniversario de la institución santafesina. Participaron reconocidos profesionales de distintas regiones y disciplinas.

El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, señaló: “Nuestra defensoría se planteó el objetivo de realizar un seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, y con este horizonte la primera experiencia fue la publicación de la investigación sobre la situación de las políticas sociales y derechos humanos en la ciudad de Rosario, el segundo trabajo tuvo alcance provincial e indagó sobre los progresos y desafíos de los derechos, y el tercer avance fue la guía práctica de respuestas inclusivas”.

El abogado constitucionalista Roberto Gargarella analizó: "Si nos interesa una organización social de derechos de mayor alcance, progresivo e inclusivo hay que modificar la organización del poder para no depender de la voluntad discrecional de los poderes". A su turno, Hugo Quiroga, investigador y profesor, expresó que "hoy en día debemos pensar la progresividad de los derechos en el marco de la pandemia que ha afectado de un modo particular a los sectores más vulnerables", y llamó a “rescatar la antigua noción del bien común, que ha sido silenciada en el discurso público de la sociedad contemporánea". La doctora en Derecho por la Universidad de Yale Natalia Volosin invitó a pensar “en qué medida un país con problemas de corrupción estructural puede llevar adelante una tarea de lucha contra la corrupción y qué rol pueden desarrollar las defensorías”.

En este sentido remarcó que “los organismos de control tienen las capacidades pero no tienen los incentivos y la academia y la sociedad civil tienen los incentivos pero no las capacidades”, y señaló que “las defensorías tienen un equilibrio más racional en cuanto a incentivos y capacidades”, y culminó convocando a pensar, por parte de las defensorías, “estrategias de litigio” para defender los derechos.

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