La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto realizó una supervisión a la residencia estudiantil Miguel Acosta Oyarce de Caballococha, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, en la cual se verificó que 70 estudiantes residentes, pertenecientes al pueblo indígena ticuna, no tienen las condiciones mínimas para vivir. Esta situación vulnera su derecho a un trato digno, a vivir en un ambiente sano y equilibrado y recibir una educación de calidad en un ambiente de internamiento a cargo del Ministerio de Educación.
Así, se verificó que no cuentan con una iluminación adecuada en los dormitorios, los servicios higiénicos para mujeres ha colapsado debido a que los pozos de aguas residuales han sido cerrados, los roperos empotrados de los dos pabellones de los estudiantes varones están muy deteriorados; asimismo, hay presencia de agua residuales domésticas en los alrededores y en el interior de la residencia, los colchones están rotos, las ventanas de los dormitorios no cuentan con mosquiteros para impedir el paso de zancudos, entre otros insectos, los techos están en pésimas condiciones, entre otras deficiencias. Además, hace falta personal administrativo y educativo.
Frente a ello, la Defensoría del Pueblo informó los resultados de la supervisión y la vulneración de los derechos humanos de esta población infantil de la etnia ticuna a la fiscal de familia y promovió una reunión de urgencia con el director, el responsable de Infraestructura y los especialistas de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional de la UGEL Mariscal Ramón Castilla, así como el representante de la Demuna.
“En la reunión se acordó que la UGEL Mariscal Ramón Castilla gestionará de manera inmediata el mantenimiento a la infraestructura de la residencia estudiantil; además, se coordinará la limpieza y el pintado de los 4 pabellones, 2 de varones y 2 de mujeres. Así también, se atenderá el proceso de contratación del personal monitores y coordinadores para la residencia estudiantil”, precisó el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque.
En tanto, respecto a la falta de personal docente y administrativo, la sede defensorial recomendó al director de la UGEL Mariscal Ramón Castilla tener en cuenta el principio del interés superior del niño y las condiciones que puedan tener las/los estudiantes, al momento de seleccionar a las personas que van a estar a cargo del cuidado y monitoreo en la residencia estudiantil, debiendo ser personas que cumplan con el perfil para esta labor, lo que incluye no contar con antecedentes de violencia.
Por otro lado, el representante de la institución indicó que se solicitará a la Policía Nacional del Perú y al serenazgo, brindar vigilancia y patrullaje, debido a los problemas de inseguridad en las zonas aledañas a la residencia, lo que ha provocado el robo de pertenencias de las/los estudiantes. Con relación a la falta de alumbrado público, se realizaron las coordinaciones con Electro Oriente para que se pueda resolver este problema.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo indicó que hará seguimiento a las acciones de la fiscalía de familia y a la UGEL Mariscal Ramón Castilla para que se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas.
Fuente: La oficina de la Defensoría del Pueblo de Perú