En todas las etapas de su interacción con el sistema de justicia, las mujeres trans privadas de la libertad están sujetas a discriminación, estigmatización y criminalización. El Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) junto otras organizaciones regionales presenta un nuevo informe que investiga las condiciones de vida de las mujeres trans y travestis privadas de la libertad.
A medida que los países en América Latina continúan enfrentándose al empeoramiento de las condiciones en las prisiones, el hacinamiento y el impacto del COVID-19 en las cárceles, el informe muestra una ausencia de normas y políticas públicas. Este innovador reporte subraya la necesidad de despoblar aquellas cárceles abarrotadas antes que el COVID-19 ingrese a los centros de detención de la región los cuales, en algunos casos, cuentan con una infraestructura precaria.
Basado en un proceso de investigación participativa dirigido por mujeres trans que han estado en prisión, el estudio, Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros, es el resultado de una colaboración entre nueve organizaciones de defensa y derechos humanos: Almas Cautivas, Casa de las Muñecas Tiresias, Casa Hogar Paola Buenrostro, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Dejusticia, Equis: Justicia para las Mujeres, la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
En los últimos años, en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. Los últimos datos presentados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, exponiendo que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad en el SPF por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme, lo cual resulta sumamente preocupante. En este paradigma, es importante señalar que la ley de drogas actúa de forma discriminatoria y desproporcional en las mujeres trans y travestis, dejándolas expuestas a múltiples situaciones de violencia institucional en las cárceles.
El informe da cuenta del impacto diferencial de la prisión en el caso de las mujeres trans y travestis. En el caso de Argentina señala que el marco normativo de Ley de Identidad de Género, no se traducido en mejoras en las condiciones y calidad de vida de la comunidad trans – travesti en las cárceles. Asimismo, describe las formas particulares de vulneraciones de derechos, actos de discriminación y violencias hacia este colectivo por motivos de identidad de género
En este sentido, desde la PPN celebramos la presentación de este informe colectivo, que dará lugar a seguir trabajando en recomendaciones y políticas públicas regionales que dialoguen con la agenda de los derechos humanos de las mujeres trans y travestis privadas de su libertad.
Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), Argentina