BackCasi el 70% de los menores en riesgo de pobreza severa no tienen acceso a la renta garantizada de ciudadanía. Las políticas de transferencias sociales en Cataluña son menos efectivas para combatir la pobreza que las europeas. El incremento del 36% del presupuesto en políticas de infancia no ha conllevado una mejora equivalente de la situación de los menores. La atención en el ámbito de la salud mental es inferior a la prevalencia de problemas de salud mental de la población infantil, y la media de visitas es claramente insuficiente.
La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y la adjunta de infancia, Maria Jesús Larios, han presentado el 19 de diciembre el Informe sobre los derechos del niño de 2022 a la vicepresidenta primera con funciones de presidenta del Parlamento, Alba Vergés.
Este informe da cumplimiento a la previsión establecida en la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, de elaborar anualmente un informe específico sobre la situación de la infancia en Cataluña con referencia al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.
El informe denuncia que los últimos cinco años los indicadores de vulnerabilidad social de la infancia han mantenido una tendencia creciente, lo cual se explica por el impacto que aún tiene la crisis económica del periodo de 2008 a 2013, por la salida de la pandemia de la covid-19 y por los efectos sociales y económicos de la guerra de Ucrania y de la crisis económica que se vislumbra. Así, por ejemplo, entre 2016 y en 2021 se ha incrementado un 14,9% el número de niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo de pobreza (más de 50.000 menores de dieciocho años más, se ha pasado de 348.600 a 400.400).
Además, destaca que se ha incrementado un 19,6% el número de niños y adolescentes con expediente abierto en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) por situación de riesgo grave (de 5.399 a 6.456), y también un 94,3% el número de niños y adolescentes en estudio por posible situación de desamparo (de 1.726 a 3.353), especialmente por la llegada de niños migrantes sin referentes familiares.
También cabe destacar que ha aumentado un 3,0% (más de 30.000, de 866.192 a 891.854) el número de usuarios de los servicios sociales, en gran parte familias con menores a cargo, y que se ha doblado la probabilidad de los menores de sufrir un problema de salud mental, que ha pasado del 5,1% al 9,4%.
La síndica es consciente que existen políticas de transferencia de renta y de provisión de servicios dirigidas a dar respuesta a estas necesidades sociales y económicas, pero denuncia que, aunque los últimos años se ha incrementado la financiación y la cobertura, no consiguen cubrir las necesidades existentes.
En este sentido, las políticas destinadas a la infancia son poco efectivas, sobre todo porque o bien no dan cobertura suficiente a todas las necesidades, o bien no se han focalizado hacia los colectivos más vulnerables.
Desde el punto de vista de la cobertura, por ejemplo, más de una tercera parte de los menores en situación de pobreza severa (como mínimo el 38,6%) no son beneficiarios ni del ingreso mínimo vital (IMV) ni de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). De hecho, se constata que las políticas de transferencias sociales reducen el riesgo de pobreza un 30,9%, muy por debajo de la media europea (43,1%).
En cuanto a los déficits de cobertura en la enseñanza, el informe destaca que el 58,0% de los niños de cero a dos años no están escolarizados en la educación infantil de primer ciclo, sobre todo los niños de familias socialmente desfavorecidas; que el 46,5% del alumnado de educación infantil de segundo ciclo, primaria y secundaria obligatoria en situación de riesgo de pobreza no percibe ninguna ayuda individual de comedor escolar, o que el 20,6% de alumnado en situación de riesgo de pobreza que estudia enseñanzas secundarias posobligatorias no percibe ninguna ayuda al estudio de carácter general.
También se detectan carencias en las coberturas del ocio educativo, puesto que los niños de familias con menor capital educativo participan casi cinco veces menos a las actividades extraescolares no deportivas que los niños de familias con mayor capital educativo. En el mismo sentido, los servicios de intervención educativa dan cobertura solo al 14,4% de los menores en situación de pobreza severa.
A pesar del incremento del número de menores atendidos, aún existen carencias en la cobertura y en la intensidad de los tratamientos prescritos (periodicidad de las visitas) de los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) y de los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ).
La síndica remarca la mejora de la financiación de las políticas de infancia (incremento del 35,9% del presupuesto respecto al año 2016, 1.781,7 millones de euros más en este periodo), pero considera que este esfuerzo presupuestario no ha servido, como mínimo por ahora, para hacer un salto cualitativo de esta magnitud en los derechos de la infancia.
Uno de los motivos que explican esta circunstancia es que esta inversión, que solo en parte se ha destinado a atender las necesidades coyunturales de la covid, no se ha dirigido directamente a dar respuesta a la situación de los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ni se ha aprovechado lo suficiente para desarrollar políticas focalizadas en la atención de sus necesidades.
En el ámbito de la educación, por ejemplo, que concentra buena parte del incremento de la inversión (92,8%), una parte significativa se ha destinado a incrementar recursos de forma lineal en el conjunto del sistema. Medidas como por ejemplo las reducciones de ratios, la reducción de horas lectivas del profesorado o la gratuidad de infantil 2, que se han puesto en práctica este curso 2022/2023, tienen un coste elevado y se beneficia de ellas, en la misma medida, el conjunto del alumnado, independientemente de su situación de vulnerabilidad.
En cambio, existen reformas estructurales necesarias en políticas de infancia que no se están abordando adecuadamente, especialmente en el ámbito de la protección. Así, por ejemplo, el acogimiento residencial continúa siendo preponderante, y el acogimiento familiar, que es la medida más adecuada para garantizar el bienestar de los menores, no crece desde hace años. Se ha incrementado también la presencia de niños tutelados menores de seis años en acogimiento residencial (que ha pasado de 123 el año 2020 a 212 el mes de septiembre de 2022 en el caso de los menores de seis años).
Para acabar, el informe recoge una serie de recomendaciones y prioridades de intervención que pasan por promover políticas preventivas para atender mejor las situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo reforzar las políticas de apoyo a las familias y mejorar el acompañamiento, o corregir el déficit de profesionales de pediatría y mejorar la cobertura de los CDIAP y los CSMIJ.
También se considera necesario desarrollar políticas focalizadas en la atención de las necesidades de los menores en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo mejorar la cobertura de las políticas de transferencia de renta (RGC, IMV...), promover un modelo de financiación de la educación infantil de primer ciclo condicionado a las características socioeconómicas del alumnado y de los entornos sociales de los centros, y desarrollar un plan de fomento de la equidad para la participación de los menores en situación de vulnerabilidad a la oferta de ocio.
Por último, el informe recoge las recomendaciones que persiguen garantizar la participación de los menores en situación de vulnerabilidad en todos los asuntos que les afectan, como por ejemplo incorporar la participación de niños y adolescentes en el procedimiento de elaboración de normas que afectan su vida.
Fuente: Síndic de Greuges de Catalunya, España
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