La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han comparecido el lunes, el 16 de diciembre de 2024, ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para debatir los informes Las cartas de servicio en Cataluña y La retirada del amianto en Cataluña.
La sesión ha comenzado con la presentación del informe sobre el amianto, a cargo de la síndica, quien ha denunciado que la presencia de amianto en nuestro entorno es un grave problema laboral, ambiental y de salud pública.
El amianto se utilizó ampliamente en la industria de la construcción entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. Se trata de un material que se deteriora con los años y, con el paso del tiempo, aumenta el riesgo de que desprenda fibras peligrosas.
La Unión Europea adoptó el compromiso de retirar el amianto de los edificios públicos antes de 2028 y del resto del territorio antes de finales de 2032. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el Estado español la normativa relevante relacionada con la retirada del amianto está repartida entre diferentes fuentes normativas (legislación sobre riesgos laborales, residuos, urbanismo, salud pública, etc.).
En este marco complejo, el Congreso de los Diputados incluyó una disposición adicional, la decimocuarta, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que trasladaba a los ayuntamientos la obligación de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, así como un calendario de retirada. El plazo para ello finalizó en abril de 2023 sin que ningún municipio presentara ni el censo ni el calendario. La institución del Síndic de Greuges defiende que es necesario disponer de un marco normativo claro y exhaustivo que facilite la retirada del amianto, más allá de esta disposición adicional.
En Cataluña se está haciendo un esfuerzo importante y se elaboró un proyecto de ley, pionero en el Estado español, que decayó con la última convocatoria electoral. Finalmente, se ha retomado su tramitación: el pasado 3 de diciembre el Gobierno de la Generalitat aprobó el proyecto de ley y, el 10 de diciembre, la Mesa del Parlamento lo admitió a trámite. En este contexto, la síndica ha pedido a los diputados que trabajen por un consenso político que permita agilizar al máximo posible la tramitación de este proyecto: "Es imprescindible disponer de un marco jurídico adecuado y eficaz para lograr el gran reto de retirar el amianto de nuestras vidas."
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Fuente: El Síndic de Greuges de Cataluña, España