La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha participado en el III Congreso de Familia, Infancia y Capacidad, organizado por los colegios de abogados de Málaga, Barcelona y Antequera y por la Plataforma Familia&Derecho. Se han tratado temas como el acoso en las redes sociales y el sistema de protección de menores, entre otros.
El Congreso ha reunido a abogados especialistas en el ámbito de la infancia de toda España, pero también a profesionales de los ámbitos de las relaciones con la familia, tanto del ámbito jurídico como social.
Junto con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, la síndica ha intervenido en la tercera mesa redonda, que llevaba por título “La defensa del interés del menor. Ministerio fiscal, el defensor judicial y las entidades de protección de la infancia. El desamparo”.
Giménez-Salinas ha hablado de la diferencia que existe entre el sistema de justicia juvenil y el de protección, y de cómo hace más de treinta años se consiguieron determinadas garantías en estos sistemas. La síndica ha querido poner en valor el buen resultado del cambio de medidas que se implementó entonces, como el tratamiento en libertad de los menores, tal y como demuestra el hecho de que hoy, a pesar del paso del tiempo, el internamiento solo se aplique en un 10 % de los casos.
También ha hablado del procedimiento de resolución administrativa de desamparo, que debería ser un sistema eficaz de protección. Actualmente, cuando se considera que un menor puede encontrarse en situación de riesgo o desamparo, la Administración puede retirarlo de su núcleo familiar de forma preventiva, es decir, solo con una sospecha, sin que esta decisión sea necesariamente avalada por un juez.
Sin embargo, Giménez-Salinas es partidaria de que siempre que sea posible los niños se queden con sus familias, con la vigilancia y la ayuda que sean necesarias, porque, según ha dicho, “los niños deberían tener el derecho de crecer junto a su familia y, en caso de que no sea posible, en familia extensa o acogedora”. Así, la síndica ha insistido una vez más en que los servicios residenciales deben ser el último recurso y en que las familias deben recibir toda la ayuda social para superar las dificultades que las han llevado a una situación de riesgo.
Antes de decretar un desamparo debe actuarse de forma preventiva y ayudar a las familias para evitar una separación, que con el tiempo suele convertirse en crónica. La síndica ha declarado que “muchos casos de negligencia por parte de los padres se deben a una situación conflictiva, y particularmente a la pobreza”, y ha añadido que "debemos tener especial cuidado de no criminalizar la pobreza".
Ambos defensores y la síndica han insistido en la necesidad de escuchar mucho más a los adolescentes.
Para concluir, la síndica ha manifestado su gran preocupación por los dos colectivos que considera más vulnerables: los niños y las personas mayores: “Son dos colectivos invisibilizados y no se les escucha lo suficiente”.
Fuente: La oficina del Síndic de Greuges de Catalunya, España