BackAnte el episodio de sequía que está sufriendo Cataluña, el equipo de la síndica de greuges ha abierto una actuación de oficio para analizar la actuación de las administraciones públicas en relación con este fenómeno.
La síndica se muestra preocupada por la evolución de los indicadores de sequía hidrológica y de pluviometría, que han empeorado significativamente; por la situación en la que se encuentran las reservas de los embalses (al 38% de su capacidad, 37% en las cuencas internas de Cataluña, según el Portal de la Sequía de la Agencia Catalana del Agua), y porque algunos municipios se han visto obligados a suspender el suministro ante la falta de potabilidad del agua debido a la disminución del nivel de los ríos, las fuentes o los pozos de los que se abastecen.
La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que regula la gestión de la sequía, establece la obligación de los municipios de más de 20.000 habitantes de disponer de un plan de emergencia ante situaciones de sequía, y da un plazo de cuatro años para aprobarlos.
En este contexto, la síndica quiere conocer el estado de los planes de emergencia en Cataluña, y por ello se ha dirigido a varios municipios catalanes de más 20.000 habitantes que no consta que dispongan de dichos planes. En concreto, se ha pedido información sobre la fase de elaboración en la que se encuentran y sobre el calendario previsto para aprobarlos, y también sobre la difusión que se hará de los planes entre la ciudadanía.
Paralelamente, la institución también se ha dirigido a la Agencia Catalana del Agua para saber qué municipios han comunicado que están elaborando estos planes. También ha pedido información sobre la publicación de esta lista de municipios en su web, en el apartado “Planes de emergencia y ahorro de ayuntamientos”.
La actuación de oficio pretende valorar la actuación de las administraciones públicas competentes, tanto desde un punto de vista ambiental como del de las personas consumidoras. Por este motivo, la investigación de la institución se llevará a cabo de forma transversal y conjunta entre las áreas de medio ambiente y de consumo. Puesto que de manera frecuente muchos municipios no pueden garantizar la continuidad del suministro o la calidad del agua, y puesto que se trata de un servicio básico e imprescindible para la vida cotidiana, la síndica quiere analizar cómo repercute este hecho en las facturas que abonan las personas consumidoras.
Fuente: Síndic de Greuges de Catalunya, España
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