BackEn 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional la prohibición de voto para las personas condenadas. A 5 años de esa sentencia, la situación no ha cambiado y aproximadamente unas 6 mil personas privadas de libertad en el ámbito federal siguen sin acceder a su derecho a sufragar.
El único derecho que, de acuerdo a la normativa vigente, debería perder una persona que se encuentra detenida, es el de la libertad ambulatoria. Sin embargo, son varios los derechos fundamentales que se vulneran intramuros. Uno de ellos es el derecho al voto para las personas condenadas.
Actualmente en Argentina, solo las personas procesadas con prisión preventiva pueden votar, no así las condenadas. La Cámara Nacional Electoral elaboró el Registro de Electores Privados de Libertad que contiene información de las personas procesadas y que permite habilitar las mesas de votación en las unidades penales.
El objetivo institucional de la Procuración Penitenciaria de la Nación es proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, motivo por el cual hace años se encuentra trabajando para que las personas condenadas tengan acceso al voto. Es así que en el mes de marzo de este año mediante la Nota Nº12/PPNAD/21, la PPN presentó nuevamente su proyecto de ley a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para revertir la imposibilidad de los y las condenadas a sufragar.
La exclusión del colectivo privado de libertad de ejercer su derecho electoral se traduce en una vulneración a la participación democrática de un sector de la sociedad. La Procuración Penitenciaria de la Nación sigue trabajando para que se realicen las modificaciones legales pertinentes e incorporar así a las personas detenidas condenadas al Padrón Electoral. La proximidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a realizarse el 12 de septiembre es una buena oportunidad para repensar esta temática y reflexionar acerca de esta exclusión de esta parte de la sociedad de su participación en la vida democrática argentina.
Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación, Argentina
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