BackEl Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, señaló que la pensión para las personas con discapacidad severa constituye un importante avance en beneficio de este sector vulnerable de la población que debe enfrentar diversos obstáculos para el ejercicio de sus derechos en diversos momentos de su vida.
En oficio remitido a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV), Marcela Huayta, el Defensor señaló que “la implementación de esta pensión permite avanzar en la inclusión social de estas personas, siendo importante que los mecanismos de entrega de la pensión respeten su capacidad jurídica, se prohíba la interdicción y se garantice el goce y ejercicio de sus derechos. Esto es, respetando su derecho a contratar libremente, a tener acceso al sistema financiero, a participar en la vida social y política del país, a acceder a prestaciones sociales de forma autónoma, entre otros”.
Recordó que, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nuestra Ley General de las Personas con Discapacidad optan por el sistema de apoyo en la toma de decisiones, el mismo que debe garantizarse sin abusos, conflicto de intereses o influencia indebida. En esa medida, pidió que no se afecte la capacidad jurídica, ni otros derechos de quienes resulten favorecidos con dicho beneficio. Indicó —además— que la interdicción es un modelo que no garantiza el respeto de los derechos ni voluntad de estas personas.
“Nuestro país se encuentra en un proceso de modificación de la legislación interna, entre otras el Código Civil en materia de capacidad jurídica. En esa línea, proponemos que se adopten medidas para cumplir con la entrega de la pensión con apoyos gratuitos, sencillos y flexibles, como requerir cartas poder o realizar entregas a domicilios de la pensión”, remarcó Vega Luna.
Por su parte, María Isabel León, comisionada del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que se debe contar con mecanismos de monitoreo para constatar que el/la beneficiario/a está recibiendo de manera efectiva su pensión. Además, se debe asegurar el acceso de esta población al detalle de la información de dicha pensión mediante todos los medios y formatos de acuerdo a cada tipo de discapacidad (como lengua de señas, sistema braille, entre otros).
Propuso una adecuada coordinación con las entidades involucradas, para lograr que se incremente la certificación de las personas con discapacidad, pues hasta la fecha, según la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, solo el 7% contaba con dicho certificado. Asimismo, dijo que esta pensión debe contar con el sustento técnico del monto de los aportes atendiendo a la situación de especial vulnerabilidad de los/las beneficiarios/as que demandan altos costos para su tratamiento, cuidado, salud, educación, alimentación, así como el apoyo de una tercera persona.
Fuente: Defensoría del Pueblo, Peru
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