BackLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
El contenido de la acción promovida por la CNDH es producto de un proceso de diálogo y debate que para su formulación se llevó a cabo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, en el cual se escucharon y recogieron planteamientos y opiniones que finalmente se integraron en el cuerpo del documento que hoy se presentó en la Oficialía de Partes de la SCJN y cuyo texto íntegro se encuentra disponible en la página web de este Organismo Nacional ( www.cndh.org.mx ).
Entre los múltiples argumentos referidos en la acción de inconstitucionalidad se hacen valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares que plantearía la LSI, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el hecho de que se desconozca lo previsto por el artículo 21 Constitucional, que expresamente señala las materias y autoridades que corresponden a la seguridad pública, al pretender sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la LSI, con independencia de su verdadera naturaleza y consecuencias prácticas; así como que se pretendan redefinir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de los mismos se hacen a nivel Constitucional.
La LSI posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado al combate a la inseguridad, encontrándose entre estos motivos y cuestiones tan imprecisas como preservar el desarrollo nacional o el estado de derecho.
Si bien uno de los argumentos básicos que se han utilizado para apoyar la LSI es el que da certeza a la población y a los miembros de las fuerzas armadas, sobre la actuación de estos últimos en tareas de apoyo a la seguridad pública, lo cierto es que, en opinión de este Organismo Nacional, la ley en sus términos actuales no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas.
La CNDH ratifica su convicción sobre la necesidad de que en México se lleve a cabo una revisión integral y un replanteamiento de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia que permita dar una respuesta real y efectiva a la problemática que enfrentamos en ese ámbito, con pleno respeto a la dignidad de las personas y al orden constitucional vigente. Del mismo modo, expresamente señala que la promoción de la acción de inconstitucionalidad no busca atacar a las instituciones, inhibir la legítima actuación de las autoridades o debilitar nuestro Estado de Derecho, ya que, por el contrario, tiene como objetivo preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y de los derechos humanos reconocidos por el mismo, fortaleciendo con ello la institucionalidad democrática y la legalidad en nuestro país.
Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México
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