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La Procuración Penitenciaria presenta nuevamente, ante el Honorable Congreso de la Nación, un proyecto de Ley con el fin de regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos destinados a la privación de la libertad.
El proyecto registrado bajo el numero 0031-OV-2022 ya había sido presentado en los años 2013 y 2018 sin que fuera tratado por las Cámaras. La Procuración Penitenciaria insiste en su presentación y en la necesidad de su tratamiento ya que el grave problema de la sobrepoblación no solo persiste, sino que ha empeorado exponencialmente.
La PPN ha denunciado esta problemática desde su creación, y desde el inicio de su mandato ha constatado graves focos de sobrepoblación en el sistema penitenciario que motivaron al organismo a recomendar numerosas medidas para prevenir y paliar el hacinamiento penal. Sobre la base de la experiencia y trabajo previo de la institución, propone un marco legal adecuado que contribuya a un abordaje más eficaz.
Este proyecto propone atacar un problema estructural y gravísimo de nuestro sistema penal y regular la cuestión de la capacidad funcional y de alojamiento de todos los establecimientos destinados a la privación de la libertad de personas. El objetivo es poner coto a las situaciones de hacinamiento, a la vulneración de los derechos de las personas detenidas y tender a que la pena privativa de libertad se oriente a la reinserción social.
La propuesta prevé mecanismos de acreditación previos, con amplia participación de los actores involucrados, mecanismos de alerta y control y la aplicación de un sistema para la prevención o remedio de las violaciones a derechos humanos.
Entre los efectos más graves de la sobrepoblación carcelaria se destacan: el hacinamiento y la falta de privacidad; el deterioro edilicio y material; la degradación de las condiciones higiénico-sanitarias; la imposibilidad de acceder a trabajo, educación, actividades recreativas, así como de mantener los vínculos familiares y sociales; la deficiente alimentación y atención a la salud; tortura, malos tratos y el incremento de la violencia intracarcelaria y el contagio de enfermedades, entre otros.
El 29 de marzo de 2022 había 11.263 personas detenidas en cárceles federales, y 809 en comisarías y alcaidías de la Policía de la CABA (491 en Alcaidías y 318 en comisarías). La capacidad oficial declarada para esa fecha en el SPF era de 10.936 plazas. Esto implicaría que, de mínima, había 1133 personas detenidas por sobre lo que el sistema puede alojar según sus propias definiciones de plazas carcelarias, lo que equivale a un 10% de sobrepoblación.
Este dato de sobrepoblación es sólo una muestra del fenómeno, teniendo en cuenta que también hay detenidos federales en comisarías de otras fuerzas de seguridad como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Además, existen graves deficiencias en la definición oficial de plaza carcelaria.
La problemática de la superpoblación ha sido abordada por numerosos actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales y planteada en diversas acciones judiciales. La preocupación por este tema ha generado también la presentación de algunos proyectos legislativos que aún no han sido tratados. La propuesta de la PPN tiene como objetivo ser un catalizador útil de muchas discusiones ya instaladas.
Es urgente y necesario un tratamiento legislativo de la cuestión. En el proyecto se realiza una síntesis de los esfuerzos múltiples de quienes han trabajado contra el problema de la superpoblación. Se ofrece una alternativa que puede aglutinar esas inquietudes y ayudar a la planificación de estrategias y políticas públicas que se ajusten a estándares de respeto a los derechos humanos de las personas detenidas y compatibles, en definitiva, con nuestro ideal democrático y nuestra vocación por conformar una comunidad justa.
Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), Argentina
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