BackDurante su intervención en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), desarrollado en la ciudad de Chiclayo, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, invocó al Poder Ejecutivo a tener un mayor liderazgo en la lucha contra la criminalidad, a través del rediseño de las medidas que no han tenido efectividad para la reducción de los índices de inseguridad y el fortalecimiento de aquellas de carácter preventivo para detener la ola de ataques que viene afectando a la población.
El representante de la Defensoría del Pueblo se pronunció así tras advertir la incongruencia que se evidencia entre los elevados montos presupuestales asignados a la lucha contra la inseguridad ciudadana frente a los resultados obtenidos hasta el momento. Según informó, el programa presupuestal 030, denominado «Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, tuvo un presupuesto inicial de S/ 5 127 574.540, el cual fue ampliado a S/ 5 912 752.826. Por su parte, el programa presupuestal 086, denominado “Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”, tuvo un presupuesto inicial de S/ 3 448 039.956, ampliado posteriormente a S/ 3 705 497.441.
En contraste, el representante de la Defensoría del Pueblo expresó que resulta preocupante que los índices de criminalidad no se reduzcan y, por el contrario, sigan incrementándose, a pesar del cuantioso presupuesto público destinado a los gobiernos locales para la reducción de delitos y faltas, así como a las instituciones que conforman el sistema de justicia.
«Los indicadores de criminalidad demuestran que el porcentaje de la población víctima de algún hecho delictivo no se ha reducido en estos años; por el contrario, ha tenido un incremento en ciertos periodos, por lo que resulta necesario fortalecer las acciones del Estado en materia de la lucha contra la criminalidad, a través de un uso eficiente de los recursos públicos con enfoque en resultados», sostuvo Gutiérrez, quien alertó que el costo social que representa el crimen en el Perú se duplicó en los últimos 10 años, pasando de S/ 15 790 000, en 2014, a más de S/ 31 500 000 en 2023.
Frente a ello, Gutiérrez planteó un paquete de medidas para frenar los altos índices de criminalidad que vienen afectando al país, como el establecimiento del servicio militar como un requisito para quienes postulen a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario o a los servicios de serenazgo de las municipalidades provinciales y distritales.
De otro lado, precisó que es necesario enfocar las políticas públicas en acciones preventivas y de inteligencia frente al crimen, mediante el fortalecimiento de las células básicas de la Policía Nacional como las comisarías y los departamentos de investigación criminal; así como los órganos especializados en la lucha contra la delincuencia común y organizada, así como incrementar el número de fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, que actualmente solo operan en Lima Centro, y fortalecer la labor de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional.
«El costo del crimen en el Perú equivale al costo promedio de construcción de 11 664 instituciones educativas y 2820 carreteras, por lo que resulta imperante que el Ejecutivo asuma su deber de liderazgo en la lucha contra la criminalidad», subrayó.
Fuente: La Defensoría del Pueblo de la República del Perú
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