Una Carta de Entendimiento con la intención de robustecer la cooperación, protección y defensa de los derechos humanos de las personas inmersas en los movimientos migratorios mixtos y de las comunidades de ingreso, tránsito y acogida, firmaron recientemente el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, y su homóloga de Colombia, Iris Marín Ortíz.
El documento binacional surge por el interés de abordar los riesgos y desafíos relacionados con el paso constante de personas en movilidad humana a través de la selva colombo panameña.
Entre algunos objetivos es promover acciones de prevención, protección, defensa y promoción de los Derechos Humanos (DDHH) de las personas migrantes, susceptibles a la condición de refugio y con necesidad de protección internacional.
La carta también incluye acciones de defensa de los DDHH para las comunidades de tránsito y acogida, aplicando los enfoques diferenciales de edad, género, etnia, persona mayor y discapacidad; especialmente de las mujeres en estado de gestación, personas con orientación sexual e identidad de género diversa, niños, niñas, adolescentes (NNA), personas con discapacidad y personas mayores.
Además, se contempla realizar actividades de monitoreo en escenarios de riesgo en zona de frontera entre las partes, con el fin de emitir posibles alertas tempranas de carácter binacional de acuerdo con el Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Ambas instituciones se comprometen a elaborar informes Defensoriales conjuntos y capacitaciones sobre la situación de la niñez migrante y con necesidad de protección internacional, así como mecanismos de atención y protección de la población NNA no acompañada o separada a fin de fortalecer las acciones de reunificación familiar.
Este acuerdo subraya la importancia de la cooperación internacional para enfrentar los desafíos de los movimientos migratorios y reforzar la protección de DDHH en la región para garantizar la seguridad y dignidad de todas las personas en tránsito y en las comunidades de acogida en sus respectivos territorios.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Panamá