PERÚ | Defensoría del Pueblo anuncia implementación de nuevas sedes en zonas de frontera para atención de derechos de migrantes

Con ocasión de conmemorarse el Día Mundial del Refugiado, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, hizo el 20 de junio de 2024 dos importantes anuncios que tendrán un efecto favorable en la defensa de los derechos de la población refugiada y migrante. Por un lado, informó que la Defensoría del Pueblo implementará próximamente cuatro nuevas sedes en los puntos de atención ubicados en las zonas de frontera terrestre.

De acuerdo a lo explicado por el titular de la Defensoría del Pueblo, las nuevas sedes se ubicarán en las zonas de control fronterizo de Santa Rosa, en Tacna; Desaguadero, en Puno; Iñapari, en Madre de Dios; y de Aguas Verdes, en Tumbes. Explicó que, del 20 de junio de 2024, se busca establecer una primera línea de atención ante la vulneración de los derechos de la población refugiada y migrante que ingresa al territorio peruano.

«Muchas veces la Defensoría del Pueblo asume la función de oficina consular, por ello es necesario que se establezcan oficinas donde hay mayor tráfico de migrantes para asegurar el respeto de sus derechos», precisó Gutiérrez, quien encabezó una ceremonia a la que asistieron representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la representación de Naciones Unidas en el Perú.

Tras dar a conocer dicho anuncio, el defensor del pueblo precisó que se está trabajando con las instituciones cooperantes para que su funcionamiento se dé en el corto plazo. De otro lado, dio a conocer que la Defensoría del Pueblo viene trabajando en la elaboración de la ficha para la atención de situaciones de riesgo de los hijos de los refugiados, que deberá ser llenada para tener información que permita atender sus necesidades por tratarse de un sector de la población de extrema vulnerabilidad.

Cabe indicar que estos anuncios fueron hechos durante el acto central con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se desarrolló en la sede central de la Defensoría del Pueblo. Durante el evento, el representante de ACNUR en el Perú, Christian Carrillo, reflexionó acerca del lado positivo de la migración, resaltando su enorme contribución en la economía peruana. En ese sentido, dio a conocer que la población venezolana que reside en el Perú aportó más de 880 millones de soles al fisco, solo entre 2018 y 2022, lo que representó el 1% del PBI nacional.

A su turno, el coordinador residente de Naciones Unidas, Igor Garafuilc, resaltó la importancia del capital humano que representan los procesos migratorios y la colaboración que siempre reciben de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, el director de Derechos Humanos de la Cancillería peruana, Gonzalo Bonifaz, destacó tres elementos básicos que deben ser atendidos en toda migración, como son el enfoque de derechos humanos, con énfasis en las poblaciones vulnerables; la etapa de inserción en la sociedad que los acoge; y la participación del Estado, de la sociedad civil y del sector privado.

Fuente: La Defensoría del Pueblo de la República del Perú