Una gran cantidad del suelo de uso no público del Estado en las municipalidades especiales abarca una dispersa distribuición entre distintos sitios. Las autoridades competentes solo cuentan con personal limitado, el cual apenas se encarga de llevar a cabo visitas e inspecciones y se dedica mayoritariamente a la gestión de documentos administrativos, por lo que muchos casos se descubren principalmente mediante denuncias por parte de la población.
Se aprobó el informe de investigación el 5 de junio de 2024 en la reunión conjunta del Comité de Asuntos Financieros y Económicos y el de Asuntos Domésticos y Étnicos del Yuan de Control (YC), instando a la Administración de la Propiedad Nacional (NPA, por sus siglas en inglés) del Ministerio de Finanzas y a los Gobiernos de las municipalidades especiales a hacer revisiones y mejoras.
La investigación realizada por el YC encontró que entre febrero y marzo de 2024, el suelo de uso no público perteneciente al Estado con una superficie superior a 500 metros cuadrados que estaba ocupado, en propiedad de terceros o no utilizado en las seis municipalidades especiales alcanzó una cifra de 10.628,01 hectáreas. Las funciones proactivas que debe tener el suelo público no se han aprovechado oportunamente y no se han cumplido las expectativas del pueblo. El suelo ubicado en las seis municipalidades especiales es escaso y costoso, más aún en el caso del suelo de uso no público perteneciente al Estado.
Por lo tanto, las agencias competentes de gestión del suelo deben fortalecer el uso de la tecnología informática para mejorar la gestión del mismo, así como garantizar la verificación, control efectivo y manejo dinámico de este con el objetivo de aumentar la eficacia en el trabajo. Deben, de la misma manera, realizar un inventario, integrarlo y finalmente asignarlo de conformidad con la planificación prospectiva y con la optimatización de los recursos disponibles para orientar el desarrollo ordenado de las ciudades, promover el progreso social y el bienestar del pueblo.
El suelo de uso no público perteneciente al Estado es un bien valioso compartido por el pueblo y debe utilizarse de forma más eficaz junto con políticas nacionales importantes. El YC también solicitó por escrito a la NPA y a los Gobiernos locales de las seis municipalidades especiales que realizaran un inventario y análisis de la viabilidad sobre el aprovechamiento de terrenos de uso no público con una superficie superior a más de 500 metros cuadrados no utilizados, ocupados o en propiedad como viviendas sociales y recomendó al Gobierno preservar proactivamente terrenos para viviendas sociales en las primeras etapas del desarrollo integral a nivel regional, de modo que las viviendas sociales puedan convertirse en una infraestructura "habitual" que ayude al pueblo a vivir y trabajar de forma pacífica y satisfecha, y al mismo tiempo con la promoción del desarrollo local.
Fuente: Yuan de Control, Taiwán