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Defensoría del Pueblo de Perú
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación debido al incremento considerable de casos de afectación del derecho a la educación, referidos a cobros indebidos y al condicionamiento de la matrícula escolar, atendidos por la institución en el periodo 2022 – 2023. En efecto, tras una revisión de las estadísticas correspondientes a dicho periodo, las quejas por esos dos aspectos registran un aumento sustancial de 303 casos reportados durante el 2022, a 453, al cierre de 2023, lo que representa un incremento de casi el 50 % de un año a otro.
De acuerdo a los reportes estadísticos de la institución, se observa que las regiones que concentraron la mayor cantidad de casos de cobros indebidos y condicionamiento de matrículas durante 2022 fueron Cajamarca (39), Puno (28) y Huánuco (24). En 2023 se evidencia que son las mismas regiones las que mantuvieron la mayor cantidad de casos: Cajamarca (35) y Huánuco (34), seguidas de San Martín (22) y Junín (19).
Loreto es otra de las regiones que se mantiene como una de las zonas del país con el mayor número de quejas, con 29 casos reportados en 2022 y 20, durante 2023. Sin embargo, se advierte con preocupación que la región que reporta un incremento sustancial es Ayacucho, que pasó de registrar 16 quejas por cobros indebidos y condicionamiento de matrículas, durante el 2022, a 148 al cierre de 2023, con más de 90 casos reportados únicamente en Huanta, a través del módulo defensorial en esta ciudad. Por su parte, al culminar el primer mes de 2024, la Defensoría del Pueblo reporta más de 60 casos, siendo Ayacucho, Loreto y Cusco las regiones con el mayor número de quejas.
A respecto, desde la Defensoría del Pueblo se reiteró el contenido del documento dirigido a inicios de este año a las unidades de gestión educativa local (UGEL), a través de las oficinas y módulos defensoriales de todo el país, por medio del cual se les exhortó a monitorear el proceso de matrícula ordinaria para el año escolar 2024, verificando así que se respete el derecho fundamental de acceso a la educación en igualdad de condiciones y sin discriminación, así como el derecho constitucional a la gratuidad de la educación pública.
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Fuente: Defensoría del Pueblo, Perú
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