BackCon ocasión de conmemorarse el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio, la Defensoría del Pueblo dio a conocer el primer Reporte de casos de presunta tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes conocidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el que se da cuenta de un total de 687 casos registrados por las diversas oficinas de la Defensoría del Pueblo, entre 2021 y el primer trimestre de 2023.
De acuerdo al reporte, en 2021 ocurrieron 309 casos de presunta tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; mientras que, en 2022, la cifra ascendió a 356. Finalmente, durante las protestas sociales por la crisis política, que comprende al periodo entre el 7 de diciembre de 2022 y el 15 de marzo de este año, la Defensoría del Pueblo reportó un total de 22 casos.
Como parte de los resultados que arroja el reporte, se tiene que, en el periodo comprendido entre 2021 y primer trimestre de este año, se registraron, como mínimo, 17 o 20 quejas al mes vinculadas a hechos de tortura y malos tratos. Asimismo, que las regiones en las que se registró el mayor número de casos fueron Lima, Cajamarca, Ica, Ancash, Cusco y Huánuco.
De otro lado, que el 87 % del total de las presuntas víctimas presentan condiciones de especial vulnerabilidad como ser personas privadas de libertad, mujeres, niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y adultas mayores, así como miembros del colectivo LGBTI o migrantes.
Al respecto, el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, recordó que la tortura es un crimen que se encuentra proscrito a nivel internacional. Asimismo, que el Estado debe adoptar medidas para garantizar y resguardar la integridad, dignidad y vida de las personas, especialmente de quienes tienen restringida su libertad, al ser un deber que se encuentra establecido en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y en su Protocolo Facultativo, así como en la Ley 30394, Ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo como órgano encargado del MNPT.
El representante de la Defensoría del Pueblo sostuvo también que, durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023, el MNPT desarrolló sus intervenciones especialmente en las dependencias policiales, verificando las condiciones de internamiento de las personas detenidas. “Hemos podido evidenciar que la mayor parte de los 22 casos reportados, que involucran a un número mayor de personas afectadas, se registraron en Puno, Lima y Cusco, con 20 casos en total; mientras que los dos restantes ocurrieron en Apurímac y Ayacucho; a lo que debemos agregar que, entre las presuntas víctimas, hubieron niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas pertenecientes a pueblos indígenas”, indicó.
Finalmente, el titular del MNPT se refirió también a la necesidad de que el Estado peruano cumpla con la obligación internacional de prohibir la tortura, así como atender, rehabilitar y reparar a quienes han sido víctimas de torturas, garantizando investigaciones imparciales, oportunas y adecuadas que permitan evitar la impunidad. “También recordamos a las fuerzas policiales y militares la prohibición del uso excesivo de la fuerza en el desarrollo de sus intervenciones, así como la obligación de garantizar el cumplimiento de las salvaguardas y derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, remarcó.
Fuente: La Oficina de la Defensoría del Pueblo de la República del Perú
google translate
