Argentina | En 2017 se iniciaron más de 33 mil expedientes en la Defensoría del Pueblo de la provincia

El defensor del Pueblo brindó un informe de gestión ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Rubén Galassi.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, brindó recientemente un informe de gestión ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Rubén Galassi. La exposición, en la que Lamberto estuvo acompañado por algunos de sus colaboradores, se extendió por casi una hora y media, e inició con una exposición a modo de resumen de la tarea desplegada en 2017. También anticipó que el 30 de abril le llegará a cada legislador el informe impreso que la ley 10.396 exige.

Lo escucharon y luego intercambiaron opiniones los diputados Verónica Benas, Alicia Gutiérrez, Patricia Tepp, Olga Coteluzzi, Silvia Ausburguer, Santiago Mascheroni, Jorge Henn, Alejandro Boscarol, Carlos Del Frade y Raúl Fernández.

El defensor santafesino comenzó agradeciendo la invitación y poniendo de relieve “la capital importancia que significa que los legisladores manifiesten interés por lo que hace un organismo cuya raigambre es legislativa, más allá de su independencia absoluta de acción y opinión, y que compartan sus actividades”.

“Quiero resaltar –agregó- que es necesario poner de relieve que la Defensoría no nació hace dos años cuando llegamos nosotros, sino que hay muchos años de trabajo y experiencia acumulada; de la impronta de otros defensores. Hay que ser muy respetuoso y valorar todo lo que se hizo que no ha sido poco y ha colocado a la Defensoría de la provincia de Santa Fe como una de las más prestigiadas de Argentina. Tiene todo un reconocimiento internacional; es un sello”.

Lamberto mencionó luego que el objetivo de modernizar el organigrama de la institución, ya expuesto en un encuentro anterior, se pudo cumplir en 2017. En ese contexto, explicó que se redujeron sensiblemente las direcciones generales (de 21 a 16) y se creó un gabinete con cuatro coordinaciones de áreas: Relaciones con los ciudadanos (antes gestión e instrucción), Derechos, territorio y ambiente (jurídica, salud, ambiente, discapacidad, delegaciones), Comunicación y cultura (prensa, comunicación y preservación de patrimonio) y Gestión y modernización (administración, estrategia y gestión). La funcionalidad del nuevo esquema permite, resaltó Lamberto, absorber todas las nuevas funciones que recientes leyes han otorgado a la Defensoría.

El defensor indicó que las cifras preliminares (las definitivas estarán en el informe anual que se elevará a Legislatura antes del 1º de mayo) que dio a conocer no reflejan la cantidad de personas atendidas, sino que el número de ciudadanos que acuden a la institución es mucho mayor, dado que no son pocas las presentaciones masivas que se hacen un mismo trámite.

“Nadie se van sin ser escuchado y atendido. Aun cuando no se le pueda resolver su problema se intenta asesorarlo acerca de lo que debería hacer según sea su problema. Les explicamos que ir a la Defensoría no significa que se le dará la razón sin más. Nosotros damos garantías de gestión pero no de resultado”, explicó Lamberto.

En concreto, en 2017 se iniciaron en la Defensoría 33.384 expedientes. De ellos, 14.613 corresponden a Rosario; 7.382 a Santa Fe y 8.810 a las delegaciones. Mientras que en el Centro de Asistencia a la Víctima fueron 1.828 y en el Mediación Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, 751.  No se contemplan aquí consultas sin expedientes o la reiteración de visitas, porque las personas pueden regresan varias veces por un mismo expediente. Tampoco están incluidas las más de 5.000 personas que recurrieron a la Defensoría para justificar el no voto.

Tras escuchar al defensor, los diputados dieron consentimiento a la labor de la institución y formularon preguntas tales como el nivel de satisfacción que las respuestas que obtenían los ciudadanos que, se les informó, ronda entre el 75 y el 80 por ciento.

El informe completo en soporte papel e informático será elevado a las Cámaras el 30 de abril próximo, tal como lo establece el artículo 70 de la ley 10.396.

Fuente: Defensoría del Pueblo, Provincia de Santa Fe, Argentina