La Diputada del Común, Lola Padrón, ha solicitado a la Consejería de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad que se adopten las medidas necesarias para que, con la diligencia debida y en estricto cumplimiento de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, se proceda a destinar al presupuesto educativo el 5% del producto interior bruto canario, conforme al mínimo que regula la citada Ley. Padrón asegura que es preciso que se cumpla la Ley 6/2014, de 25 de julio, “en aras de alcanzar el logro de los principios rectores del sistema educativo canario”.
Desde la Diputación del Común y a tenor de la queja interpuesta por la Plataforma del 5% por la Educación y habiendo solicitado información a la Administración Educativa, entiende que se ha producido, un claro incumplimiento de la financiación prevista en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, además de un grave retroceso, que compromete gravemente la finalidad de alcanzar los objetivos de la misma y perjudica el derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora.
Se ha reiterado la petición de informe en varias ocasiones remitido a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de las que concluimos que la selección de fuentes para la previsión de porcentaje (%) de incremento del PIB (real) es contradictoria.
La Plataforma en defensa del 5% en Canarias ha denunciado en numerosas ocasiones el no haber alcanzado desde el 2022 el 5% del Producto Interior Bruto en Educación para atender los problemas de esta área en Canarias. Señalando que los problemas no se pueden resolver sin recursos económicos y de hecho, en el presupuesto para 2024 se ha sufrido un retroceso, pasando del 4,63% en 2023 a un 4,20% lo que hace peligrar el proyecto del próximo año. Con más recursos se podrían atajar temas tan importantes como la estabilidad de la plantilla de profesorado, incorporando más docentes por curso en los próximos años para implantar la formación infantil 0-2 años, refuerzo y atención a la diversidad y evitar despidos de interinos a consecuencia de los errores en el plan de estabilización, entre otros. Por tanto señalan que el límite del gasto establecido por el Gobierno de Canarias es incompatible con la recuperación de la senda del 5% para educación establecida por ley.
De mantener este ritmo de crecimiento en la inversión “se está muy lejos de llegar al 5% en el presupuesto de 2025 y éste es un objetivo inexcusable dado que Canarias debe tener la capacidad para ofrecer a cada persona el tipo de atención pedagógica que necesita, garantizando una amplia igualdad de oportunidades, facilitando la participación social y promoviendo la eficacia en todos los centros”, explica Lola Padrón, que comparte la preocupación de la Plataforma y lo refleja en las resoluciones dictadas al respecto.
Fuente: Diputación del Común de Canarias, España