ESPAÑA | La síndica de greuges ha debatido en el Parlamento de Cataluña el informe anual de 2023

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, acompañada por su adjunto general, Jaume Saura, ha comparecido ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para debatir el Informe al Parlamento 2023, que ya se presentó el pasado 20 de marzo.

El informe no solo recoge la actividad interna de la institución, sino que también hace un análisis de los principales problemas que sufren las personas que viven en Cataluña y de la capacidad de las administraciones para darles respuesta.

Actividad institucional de 2023

La síndica ha comenzado su intervención explicando las principales cifras de la actividad de la institución en 2023: 17.992 personas atendidas y 21.938 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio.

Un año más, las políticas sociales –especialmente las de educación, servicios sociales y salud– constituyen el principal ámbito de intervención de la institución, ya que representan el 43,8 % del volumen total de quejas y actuaciones de oficio iniciadas. Esta cifra es un indicador de las dificultades que tienen las administraciones públicas para dar respuesta de forma adecuada a las necesidades sociales de la población.

Análisis del contexto y de las carencias de la Administración

En este punto, la síndica ha querido hacer un repaso del contexto social actual y de los principales cambios que se han producido y que plantean un reto a las políticas públicas: el incremento de la población en casi 2 millones de personas (27,8 %) desde el año 2000; la llegada de personas de origen migrante, que hoy representan ya el 16,3 % de la población de Cataluña; el empobrecimiento de las personas (la tasa de riesgo de pobreza era del 19,9 % en 2022); el envejecimiento de la población (el 19,4% de la población tiene más de sesenta y cinco años), y el cambio climático.

“Este nuevo contexto ha comportado cambios en las necesidades sociales que no han sido abordados suficientemente por la Administración”, ha denunciado la síndica. Así, por ejemplo, el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población han supuesto que aumentara la presión asistencial sobre los servicios públicos y el tiempo de espera para acceder a ellos.

También ha denunciado que la vivienda social que ofrecen las mesas de emergencia es insuficiente, o que determinadas políticas públicas no llegan a todas las personas que lo necesitan, como la renta garantizada de ciudadanía, que solo percibe el 19 % de la población con privación material severa.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que hay barreras de acceso a la Administración que limitan la capacidad de las personas para poder cubrir sus necesidades. Algunas de estas barreras son las trabas burocráticas, la cita previa, la brecha digital y la falta de integración de las prestaciones sociales.

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Fuente: El Síndic de Greuges de Catalunya, España