ESPAÑA | La síndica explicó en el Parlamento vasco las funciones de la institución

La síndica, Esther Giménez-Salinas, se ha desplazado al Parlamento vasco para participar en el ciclo “Legeen geroa-El futuro de las leyes”, organizado por la cámara vasca y el Ararteko, defensor del pueblo vasco.

En concreto, Giménez-Salinas ha participado en una mesa redonda en la que se han puesto de manifiesto las nuevas dimensiones y formas de trabajar de algunas de las instituciones de ombudsman. En este contexto, ha explicado la particularidad del Síndic de Greuges de Cataluña en su función de control de la actividad de las empresas privadas que gestionan intereses o servicios de interés general o universal.

En el pasado, estos servicios – como la luz, el gas, el agua o las telecomunicaciones – eran prestados directamente por la Administración, pero en la actualidad los suministran empresas privadas en régimen de libre mercado. Sin embargo, dado que esto no puede suponer una reducción de los derechos y de las garantías de las personas, el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006 otorgó al Síndic de Greuges la función de supervisar estas empresas. Desde entonces, esta función se ha llevado a cabo a partir de la recepción y la tramitación de las quejas y consultas de los ciudadanos.

En este punto, la síndica ha querido destacar algunas cifras, como por ejemplo que entre 2019 y 2022 se han recibido un total de 9.249 quejas y consultas relacionadas con suministros y otros servicios de interés general, sobre todo por temas relacionados con la electricidad y el gas (4.401), el agua (1.295), las telecomunicaciones (2.352) o los bancos (1.201). También ha hecho una valoración satisfactoria del trabajo realizado, en el sentido de que el nivel de aceptación de las recomendaciones por parte de las empresas ha sido muy elevado (el 80% de las recomendaciones han sido aceptadas totalmente y el 19,4%, parcialmente) y que los plazos de respuesta son muy breves. Así mismo, ha destacado que fruto de este trabajo han surgido varios convenios de colaboración y un trabajo constante de interlocución para resolver los problemas de las personas con la mayor celeridad. 

Giménez-Salinas también ha alertado que el empobrecimiento de las familias en la última década, la crisis económica y social provocada por la pandemia y la inflación producida por la guerra de Ucrania hacen más necesario que nunca que esta función que tiene atribuida de manera muy excepcional el defensor catalán se extienda a otras instituciones de defensa de derechos. 

Por último, ha manifestado que a pesar de los avances que se están haciendo para paliar la pobreza energética aún se detectan algunas disfunciones para hacer efectivos los derechos de los más vulnerables. En este sentido, ha defendido que debe evitarse el corte de suministros básicos a personas vulnerables, por lo que es imprescindible impulsar la firma de convenios entre las administraciones y las empresas, y hay que desburocratizar la tramitación del bono social eléctrico y hacer que su pago sea más ágil.

Fuente: La oficina del Síndic de Greuges de Cataluña, España