BackLa Defensoría del Pueblo destaca la reciente aprobación de un régimen de infracciones y sanciones para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Decreto Legislativo N° 1374) que acoge las recomendaciones que la institución realizó al Ministerio de Cultura en el 2016. En tal sentido, le insta a emitir su reglamentación dentro del plazo previsto de 120 días, con el fin de hacer efectivas las acciones de fiscalización y sanción correspondientes.
Asimismo, la entidad recuerda que urge implementar otras medidas para proteger a estos pueblos que habitan en la zona amazónica, como por ejemplo la aprobación del Plan Nacional de pueblos indígenas en situación de aislamiento y de contacto inicial, la cual lleva más de diez años en espera. Su elaboración permitirá contar con una importante herramienta de gestión, cuyo contenido debe recoger los aportes y la participación de organizaciones indígenas dedicadas a la protección de los derechos de estos pueblos.
Del mismo modo, ante el retraso en la atención de solicitudes de creación de nuevas reservas indígenas, es necesario que Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales trabajen en la mejora de la implementación de mecanismos para proteger a estos pueblos durante la realización de los estudios correspondientes, especialmente, frente a la explotación de recursos, de manera lícita o ilícita.
Además, la categorización de las reservas territoriales exige respetar los mismos estándares de protección considerados al momento en que fueron establecidas. En el caso de la reserva territorial de Madre de Dios, la Defensoría exhortó al Ministerio de Cultura garantizar la plena protección del pueblo Mashco Piro, frente a actividades forestales que se superponen con una propuesta de ampliación de esta reserva.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, recomienda al Estado fortalecer la protección del territorio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento mediante la mejora de los puestos de vigilancia y control, así como de las estrategias sociales con la población aledaña. La entidad recuerda que entre las amenazas a la vida de dichos pueblos están: la construcción de carreteras y trochas, el turismo informal, la minería ilegal, el tráfico de especies, la tala ilegal, el contacto con grupos evangélicos, entre otros. Por lo que es necesario que el ente rector y los sectores competentes sumen esfuerzos permanentes, dotados de suficiente presupuesto.
Fuente: Defensoría del Pueblo, Perú
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