BackEl Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, considera urgente que Gobierno y Comunidades Autónomas estudien cómo incrementar el servicio de atención psicológica que ofrece el Sistema Nacional de Salud (SNS) tras constatar que la ratio de psicólogos por habitante apenas ha variado en la última década.
Así, ha recomendado al Ministerio de Sanidad que lleve este asunto lo antes posible al seno del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS), que es el órgano de cooperación y comunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas entre sí y con la administración del Estado.
El Defensor considera oportuno abordar cuanto antes el incremento de recursos de atención psicológica, extender esta atención al ámbito de la atención primaria y crear más plazas de formación especializada.
En su opinión, hay un ámbito asistencial que están demandando y utilizando los ciudadanos, en beneficio de su salud mental, que además está previsto en la cartera del SNS pero que, sin embargo, las administraciones públicas no son capaces de ofrecer, al menos en una extensión adecuada.
Este punto de vista coincide con las quejas ciudadanas llegadas a la Institución, que reflejan que, a pesar del gran esfuerzo que realizan los profesionales y las entidades sociales de apoyo a los pacientes de salud mental, existe una insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales que se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente.
Actuación de oficio
La Institución inició a mediados de 2018 una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad, con todas las comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para conocer si la oferta de atención psicológica clínica existente en la sanidad pública se adecúa a las verdaderas necesidades de la población.
De hecho, un informe del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) realizado en 2010 estimó que había 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Según la información facilitada al Defensor por el Ministerio de Sanidad, dicha ratio se situó en 2018 en aproximadamente 6 psicólogos.
Diferencias en las CCAA
Asimismo, y tras analizar los datos enviados por todas las Administraciones implicadas, el Defensor del Pueblo ha podido comprobar que también existen diferencias entre unas comunidades y otras en cuanto a las variaciones en el número de psicólogos en sus respectivos servicios de salud.
Así, mientras que comunidades como Madrid, Canarias o Navarra han doblado o más el número de psicólogos que intervienen en salud mental, en otros territorios la variación es mínima.
Con la información recibida, Andalucía habría pasado de 259 psicólogos clínicos en 2009, a 271 (2017); Asturias, de 34 a 41 (2018); Baleares, de 53 a 65 (2018); Canarias, de 51 a 105 (2018); Cantabria, de 12 a 37 (2018); Castilla y León, de 89 a 93 (2018); Comunidad Valenciana, de 165 a 218 (2019); Extremadura, de 66 a 89 (2018); Madrid, de 144 a 295 (2018); Murcia, de 76 a 91 (2016); La Rioja, de 14 a 17 (2018); Navarra, de 30,5 a 66,25 (2018); Ceuta y Melilla, de 4 a 5 (2018).
Por otra parte, aunque todas las administraciones coinciden en la necesidad de ofrecer una atención a la salud mental integrada y coordinada entre los niveles de atención primaria y especializada, las experiencias de atención psicológica en el primer nivel son muy limitadas. Destaca en este sentido la iniciativa desarrollada en 2016 por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPAS), consistente en incluir psicólogos clínicos en las plantillas de algunos centros de salud.
Demora en la atención y periodicidad de las consultas
Las quejas de los ciudadanos reflejan también que la carencia de profesionales provoca que sea habitual que los tiempos entre consulta y consulta puedan alargarse hasta los tres meses, para tratamientos que requerirían una periodicidad mucho mayor. Por ello, la Institución pidió a las Administraciones datos sobre los tiempos de demora para la consulta de psicología y el tiempo de espera entre consultas tras la primera. Este último dato, sin embargo, no se encuentra disponible en ninguna comunidad y en su lugar, las administraciones ofrecen el indicador de consultas por paciente a lo largo de un año.
Formación especializada en psicología clínica
En el marco de su actuación, el Defensor del Pueblo también solicitó información relativa a plazas de formación en la especialidad de psicología clínica disponibles en las CCAA y sus perspectivas de incremento.
Aunque la oferta de formación en psicología clínica se considera insuficiente para aproximarse a una ratio de profesionales especialistas en el SNS similar a la de los países más desarrollados, se observa un grupo de comunidades autónomas que apuesta año tras año por un incremento de su oferta y otro grupo que mantiene más o menos congelado el número de plazas.
El Defensor del Pueblo ha contrastado la información recibida de las administraciones en el primer semestre de 2019 con la convocatoria de plazas de la para el año 2020. En esta última convocatoria se ha producido un incremento global del 34% en psicología clínica, por lo que destaca como la especialidad sanitaria que más crece.
Según los datos facilitados, en el grupo de comunidades que incrementan su oferta de formación se encuentran las siguientes: Andalucía, que ha pasado de 20 plazas en 2018 a las 24 convocadas para 2020; Asturias ha incrementado ahora una plaza, hasta 5; Cantabria oferta ahora una segunda plaza; Castilla-La Mancha sube una, hasta 8; Castilla y León pasa de 5, para 2019, a 10; Madrid llega a ofertar 32 plazas, desde las 26 que venía ofertando todos los años; La Rioja oferta ahora una plaza, cuya acreditación por el ministerio estaba pendiente desde 2016; Murcia, ha incrementado a 6 plazas, desde 3; Navarra también pasa de 3 a 5; País Vasco ha pasado de 5 a 9 y Extremadura pasa de 3 a 5 plazas.
Cataluña, que ha pasado de 26 plazas para 2019, a 41, registra el mayor incremento junto a la Comunitad Valenciana, que también ha aumentado su oferta en un importante porcentaje, de 15 a 21.
En el grupo de comunidades que mantienen la misma oferta están Illes Balears, con las mismas 3 plazas, así como Aragón, con 6, y Galicia, que mantiene 7 plazas de formación, cuando tiene acreditadas 11. Finalmente, la Administración General del Estado no dispone de plazas acreditadas para esta especialidad en Ceuta y Melilla.
Fuente: El Defensor del Pueblo, España
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